ECONOMíA › OPINION
› Por Carlos Tomada *
Unos días atrás, Juan Luis Bour escribió una columna de opinión titulada: “Salario mínimo: cada vez que fue record, la historia acabó mal”. El autor comienza el artículo asegurando que en los dos períodos anteriores en los que se instrumentaron subas significativas del salario mínimo (1973-1976 y 1982-1985) sobrevinieron luego procesos de alta inflación que provocaron finalmente una reducción drástica del poder adquisitivo. Luego afirma que el salario mínimo fijado para diciembre será uno de los mayores de la historia, considerando que la relación con respecto al salario medio de la industria será la más elevada desde inicios de la década del ochenta, según FIEL.
Analizando lo reseñado por Bour, se podría interpretar que plantea que los aumentos progresivos del salario mínimo, implementados desde el 2003, ponen en riesgo la estabilidad económica. Sin embargo, al final del artículo, aclara que la situación macroeconómica actual no es equivalente a la de las dos fases anteriores y que, por ello, no existen argumentos objetivos para esperar las mismas consecuencias inflacionarias. Más allá de lograr un título catástrofe, a priori, cuesta entender qué otra intención persigue el autor. Pero basta con analizar los antecedentes de FIEL –institución que Bour dirige– para comprender las motivaciones ideológicas. Esta organización cobija a los predicadores del neoliberalismo, que no son otros que los que condujeron la apertura irrestricta de la economía y la flexibilización laboral durante los ’90, que sobre el final dejaron a una cuarta parte de la población desempleada y que provocaron una brutal caída del Producto Interno Bruto. No menos grave fue que se utilizara la rebaja salarial como mecanismo de mejora de la competitividad.
Así se explica que el autor intente introducir de forma subrepticia el temor de que el nivel actual del salario mínimo ponga en riesgo la estabilidad económica. Algo que es completamente falso, no sólo por haberse logrado sin déficit fiscal y sin indexación –como aclara–, sino porque sucede en un contexto de crecimiento económico sostenido a través del aumento de las exportaciones y la expansión del mercado interno. En este punto, los más de tres millones de empleos creados en los últimos cuatro años demuestran que los incrementos de salario mínimo no comprometieron el proceso de creación de puestos de trabajo ni la reducción progresiva de la tasa de empleo no registrado, que cayó alrededor de ocho puntos durante el período considerado. Además, Bour omite consignar un dato no menor. No fue el Estado quien estableció unilateralmente el monto de este nuevo piso salarial, sino que es fruto del consenso logrado entre trabajadores y empresarios, en el marco del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo. Nadie en su sano juicio puede creer que estos sectores buscan desestabilizar la economía o asumir compromisos que no pueden cumplir.
Cabe destacar la importante función que adquiere el salario mínimo en la determinación de las remuneraciones de los trabajadores no registrados. En los últimos cuatro años en los que se fijaron sucesivos aumentos del salario mínimo, el salario medio de los trabajadores no registrados se incrementó 30 por ciento en términos reales, crecimiento que explicó en parte la notable reducción verificada en la pobreza y la indigencia. De este modo, la política de incremento del salario mínimo se encuentra claramente legitimada, ya que permite mejorar los ingresos a los trabajadores más vulnerables sin afectar el desempeño altamente positivo de la economía argentina. Por eso, más allá de estos ataques sin fundamento, lo que no se debe perder de vista es el hecho de que, por primera vez en la historia desde que se cuantifica la canasta básica, el Salario Mínimo Vital y Móvil en diciembre estará en línea con las necesidades para una vida digna. Seguramente, todos aquellos que coincidimos en ir dando los pasos necesarios para mejorar la distribución del ingreso valoraremos este avance y los que viven hasta ahora preanunciando catástrofes tendrán que revisar la consistencia de sus análisis.
* Ministro de Trabajo.
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