Los principales grupos empresarios desataron una fuerte campaña sobre el Gobierno para que instrumentara un plan de salvataje al sector privado. Argumentan que es preciso evitar un crac generalizado del sistema económico que, de producirse, aseguran, traería consecuencias devastadoras para toda la comunidad. El mecanismo de la propuesta consiste en que el Estado se haga cargo de los compromisos empresarios en dólares con el exterior, mientras que las compañías pasarían a deberle al Estado en pesos, con un sistema de ajuste.
El ala política del Gobierno empezó a mostrarse receptiva al reclamo. Aníbal Fernández, formuló declaraciones aceptando los fundamentos de quienes piden que se salga en rescate del capital nacional. Sobre los escritorios de algunos despachos en la Casa Rosada se encuentran distintos proyectos en ese sentido. El suplemento Cash reveló el 30 de junio último que la Asociación de Empresas Argentinas (AEA), el nuevo nucleamiento de los más importantes grupos económicos, con 47 asociados, elaboraba un proyecto en este sentido. Incluso ayer se conoció una carta de Javier Madanes Quintanilla, de Aluar, dirigida al entonces presidente de AEA, Oscar Vicente, manifestando su oposición a un eventual seguro de cambio, que un sector de esa asociación está impulsando.
La importancia de las empresas implicadas sirvió de aliciente para que consultores se pusieran a trabajar con velocidad para idear distintas formas de alcanzar ese objetivo. El Gobierno analiza cual de ellas puede ser políticamente viable. Pedro Lacoste y Alfonso Prat Gay son autores de uno de los documentos. Los economistas forman parte del equipo de técnicos que reunió Mauricio Macri para sustentar su carrera política. Una segunda iniciativa pertenece al economista jefe del BBVA Francés, Ernesto Gaba. Finalmente, una última propuesta de la que pudo tomar conocimiento este diario lleva la firma de Guillermo Livio Kühl, ex ejecutivo del Grupo Macri y dirigente de la Unión Industrial Argentina. Roberto Lavagna enfatizó públicamente desde el momento mismo de su llegada al Gobierno que no toleraría un seguro de cambio o algún mecanismo similar que termine traspasando el endeudamiento privado al Estado. El ministro de mostró preocupado delante de algunos de sus colaboradores por el aumento de la presión y, sobre todo, porque sectores del Poder Ejecutivo están trabajando por su aprobación. En Economía mencionan al “ala política del Gobierno”, sin dar nombres. El único funcionario que salió a hablar tangencialmente del tema fue el secretario Fernández. Sostuvo que “el Estado deberá participar en todos y cada uno de los casos para evitar que sea agredido o lastimado nuestro capital, porque cada vez se aleja más la posibilidad de reconstruir una burguesía nacional”. Una parte del Gobierno vería con más facilidad limitar el salvataje a las compañías nacionales. El funcionario se refería a la compra de los activos de Pérez Companc por Petrobras.
Si finalmente se hace cargo de parte de la deuda privada, el sector público asumiría ese paso cuando todavía no sabe que pasará con su propia deuda. Un cálculo que circula en el Palacio de Hacienda indica que si la economía creciera 5 por ciento al año a lo largo de la próxima década y se produjera una quita de la deuda del 50 por ciento, haría falta un superávit primario de 2,5 por ciento del PBI para repagar los compromisos renegociados. La propuesta empresaria contempla la posibilidad de poner las acciones de las compañías que canjeen su deuda con el exterior por otra con el Estado como garantía de pago. Es decir que si se atrasan, el sector público se convertiría en su socio.