El Gobierno reconoció ayer que existen presiones para que vete dos leyes aprobadas la semana pasada por el Congreso, que van en contra de los intereses del sector bancario. Se trata de las normas que postergaron hasta el 30 de setiembre la aplicación del CER para deudas financieras y no financieras hasta 400 mil pesos, y la prórroga por 90 días de la suspensión de remates y ejecuciones judiciales decretadas a deudores morosos. El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, remarcó que “no habrá vetos” y denunció que “como los lobbies a veces van más rápido que la realidad, se dijo que el Gobierno pensaba en el veto a estas leyes y yo debo decir que no hay nada de eso”.
Después de la aclaración, el funcionario dio un paso atrás y anunció para mañana la convocatoria a las cámaras que agrupan a los banqueros, ABA y Abbappra, para buscar la forma de reducir los perjuicios que las normas les ocasionan. En Economía admitieron que las leyes complicaron la relación con el FMI, que también ejerce presión para que sean eliminadas. Sin embargo, indicaron que no peligra el acuerdo con el organismo. En cambio, en la city corre la versión de que la demora en la aplicación del CER y, sobre todo, la imposibilidad de ejecutar bienes durante otros 90 días provocará una nueva demora en la firma del convenio con el Fondo.
Roberto Lavagna tampoco está contento con la postergación del CER, puesto que coincide con los financistas en que cuanto más se tarde en establecer las nuevas reglas de juego, más dificultades habrá para lograr la reactivación. El tema se discutirá en la cumbre de mañana, a la que además de los banqueros asistirán los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Finanzas y Economía de las Cámaras de Diputados y Senadores. Atanasof sostuvo que “no hay ni veto ni impugnación del FMI” a las leyes, al tiempo que atribuyó a los “lobbies” las versiones de que las normas “entorpecerían el acuerdo con el FMI y afectarían la seguridad jurídica del país”.