El ministro de Economía, Roberto Lavagna, admitió ayer que no se les reclamará a las prestadoras de servicios públicos la realización de inversiones incumplidas que no se consideren “esenciales”. El eventual relajamiento en las obligaciones empresarias forma parte del contexto en el que se resolverá el aumento tarifario “de emergencia y a cuenta de futuros ajustes” y, tal como adelantara ayer Página/12, resultaría en un deterioro de los servicios en el futuro. Casi medio centenar de concesionarias habían presentado, hasta ayer, sus requerimientos de aumentos tarifarios, tal cual le había sido solicitado por el Palacio de Hacienda. Entre la decena de empresas que aún no elevó su propuesta se cuentan algunas con sede en el interior, que estirarían en un par de días el plazo para presentarse, y otras que no reclamarían subas (algunos servicios ferroviarios y concesiones de rutas por peaje).
Las entidades de usuarios de servicios públicos recién serían informadas oficialmente durante la semana próxima acerca de los incrementos solicitados. La comisión técnica de renegociación de contratos y funcionarios de los entes reguladores se abocarán esta semana al análisis de requerimientos en cada sector, para luego volcarlos en un memorándum que se les presentará a usuarios y consumidores. Recién entonces, en un plazo no inferior a diez días, se realizarán las primeras convocatorias a audiencias públicas. En el primer turno le tocará a los sectores eléctrico y gasífero.
Según indicó ayer el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, “inevitablemente, el tema debe pasar por el Congreso”, lo cual impondría una etapa adicional a la ya prevista de audiencias públicas para llegar a definir el aumento en cada rama de servicio. Un importante núcleo de entidades de usuarios y consumidores anticiparon su rechazo a cualquier tipo de aumento “en medio de la fenomenal crisis que padece la sociedad argentina”. En tanto, desde el Palacio de Hacienda se buscan fórmulas alternativas para lograr un ajuste moderado en términos porcentuales y con impacto diferenciado entre grandes consumidores de altos ingresos (sean éstos residenciales, comerciales o industriales) y sectores carenciados.
Atanasof reiteró ayer, sin precisar los mecanismos, que se definirá una tarifa social, que supondría valores menores para los sectores de menores recursos. A su vez, Lavagna garantizó que los incrementos tarifarios serán “equilibrados”. En la misma nota, publicada ayer en el diario El País, de Madrid, el ministro extendió hasta el final de la actual gestión presidencial el “perdón” a las empresas por incumplimiento de las obligaciones de inversión. “Se les ha dado un paraguas jurídico a las empresas, garantizando que mientras la emergencia y la renegociación de contratos esté en curso, el Estado no hará reclamos sobre cuestiones de inversiones no esenciales que no han sido cumplidas”, manifiesta el ministro. Como han reconocido varios funcionarios, la renegociación de contratos recién sería cumplimentada tras el cambio de autoridades nacionales.
No obstante estas concesiones, al Gobierno se le está haciendo cuesta arriba poder conformar a los prestadores de los principales servicios públicos con un aumento del orden del 10 por ciento, como originalmente se había planteado. Telecom reclamó un aumento del 28 al 30 por ciento sobre un consumo “tipo” –entidades de usuarios estiman que el aumento sobre la tarifa de la mayoría de clientes sería muy superior–, en tanto que Edenor habría presentado una pretensión de ajuste del 70 por ciento. El resto de prestadores de servicios esenciales –teléfonos, luz, gas y agua– no estarían muy alejados de esos requerimientos, por lo que las autoridades están abocadas de lleno a encontrar soluciones alternativas que eviten un ajustazo socialmente intolerable.
“Sobre la base de reconocer un aumento razonable, aunque hoy resulte elevado, podría negociarse una serie de ajustes parciales en el tiempo quele den a las empresas un horizonte de recuperación de sus niveles de ingreso”, ensayó una fuente oficial en una de las varias mesas en las que hoy se discute la estrategia del gobierno, todavía no definida. “Al mismo tiempo habría que aplicar ajustes diferenciados para empresas que han podido aumentar varias veces sus precios tras la devaluación y los sectores de bajos ingresos”, se sostiene en los mismos ámbitos. “Si se quiere continuar con este modelo de servicios privatizados, habrá que pensar que en la coyuntura hay que echar mano a transferencias transitorias entre sectores”, opinan en la misma línea.
Algunas prestadoras han acercado propuestas en el mismo sentido, como por ejemplo extender sus planes de tarifa reducida –vigentes para jubilados, por ejemplo– a usuarios incluidos en los planes Jefes y Jefas de Hogar de subsidios para desocupados, con rebajas de hasta el 60 por ciento sobre el valor que paga el cliente “común”. Los concesionarios empiezan a admitir que la salida del actual congelamiento de tarifas tendrá un fuerte tinte “heterodoxo”; lo que buscan preservar, en definitiva, es la vigencia del cuestionado modelo privatista.