Algunos legisladores porteños de la oposición alistan un proyecto de resolución para pedir la interpelación del secretario de Hacienda de Jorge Telerman, Sergio Beros, para que explique en el recinto las razones de una solicitud al Banco Ciudad de una “contribución especial” al Tesoro del gobierno porteño por 200 millones de pesos para este año. Esa instrucción, que en principio había sido avalada en el propio cuerpo legislativo y que por ahora quedó suspendida por recursos judiciales, se discute acaloradamente en el seno del directorio de la entidad, con la preocupación de que acatarla haga incurrir a sus miembros en una falta penal.

La contribución especial fue dispuesta en el proyecto de ley por el cual se previó la última ampliación presupuestaria, que los administradores actuales redactaron con la anuencia del macrismo. Abortado, o al menos suspendido, el aumento del ABL, ese auxilio financiero se transformó en un recurso de fuste para aliviar las cuentas de la ciudad, aunque en detrimento de las de la entidad financiera.

Pero pese al aval mayoritario que consiguió en el recinto, la orden de que el Banco ceda fondos sin que esa transferencia constituya ni un reparto de dividendos ni una modificación expresa de capital generó rápidamente oposición. Un grupo de legisladores comandados por Aníbal Ibarra presentó un recurso de inconstitucionalidad, un argumento similar al que utilizó la gremial bancaria de la entidad, que responde a la CTA (lejos de las huestes de Juan José Zanola) para interponer un amparo.

Esos obstáculos judiciales dieron tiempo al directorio liderado por Julio Macchi para recabar opiniones técnicas sobre la consistencia legal de la medida que, para criterio de algunos, podría configurar un delito penal de administración fraudulenta. Sus ocho miembros tienen posiciones estratégicas diferentes sobre la conveniencia de que el Banco asista al Tesoro de esa forma, contraria a las disposiciones de la Carta Orgánica. Pero todos coinciden en que no quieren correr el riesgo de ser penalmente incriminados por violar ese estatuto, ni las normas del Central ni la Ley de Administración Financiera.

Tal como está dispuesta, esa contribución especial constituye una especie de impuesto extraordinario individual, algo no habilitado en ninguna ley vigente. A esto se suma otra cuestión delicada que encadena a todo el cuerpo directivo, más allá de sus filiación política. Todos los directores son solidariamente responsables en caso de una eventual transgresión legal y al margen de cuál haya sido su posición individual. Por eso el pronunciamiento de la Justicia será un paraguas tan importante como el aval expreso que pueda otorgar Martín Redrado, ya que es la autoridad monetaria la que debe juzgar en qué situación patrimonial quedaría la entidad después de esa donación de 200 millones para este año, a los que se sumarían otros 80 en el próximo ejercicio.

Hasta ahora, los números muestran al Ciudad como un banco saludable. Tuvo un superávit de 200 millones de pesos en el ejercicio 2006 y antes de los últimos cimbronazos financieros –y aun después de la dolarización de los depósitos dispuesta por la Corte Suprema– se preveía para este año un resultado positivo de otros 400 millones.