El Gobierno anunció un cambio en la forma de actualizar las jubilaciones. Lo hizo a través del proyecto de Presupuesto 2008. Incluyó allí un artículo que reconoce que los haberes previsionales deberán aumentar año a año en función de un índice específico, en lugar de ser una atribución discrecional del gobierno de turno, como ocurre hasta ahora. Ese índice deberá crearse por ley después del 31 de diciembre, que es cuando finaliza el plazo para optar por un cambio de régimen previsional. Pasada esa fecha, una vez que la Anses tenga toda la información sobre cuánta gente pasó de las AFJP al sistema de reparto, el Poder Ejecutivo deberá enviar una propuesta al Congreso con el nuevo índice de movilidad. De ese modo, se recreará una institución derogada por Domingo Cavallo en los ’90. Su función es resguardar el poder de compra de las jubilaciones y evitar que resulten licuadas por la inflación.

La decisión, que terminaron de adoptar en una reunión en Casa Rosada el presidente Néstor Kirchner, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Miguel Peirano, estuvo forzada por un fallo de la Corte Suprema del año pasado y por otro que el máximo tribunal se disponía a dictar después de las elecciones del 28 de octubre. Los jueces supremos ordenaron en agosto de 2006 que el Congreso creara un índice de movilidad de los haberes previsionales, al reconocer ese derecho a un jubilado, Adolfo Badaro, quien había sufrido el congelamiento de sus ingresos por 14 años. Fue un fallo que terminó con la falta de actualización de los haberes que derivó de la Ley de Solidaridad Previsional de 1995.

Frente a esa sentencia, el Poder Ejecutivo dio una respuesta intermedia: en lugar de crear un índice de movilidad, en función de alguna variable mensurable como la inflación, el índice general de remuneraciones o cualquier otra, dispuso que todos los años incluiría en el Presupuesto una partida especial para incrementar las jubilaciones. A la vez, determinó que el aumento para 2007 sería por lo menos de 13 por ciento, el cual empezó a pagar en enero pasado (en septiembre, además, concedió otro ajuste de 12,5 por ciento). Esa salida del Gobierno fue duramente criticada por la oposición, al considerar que incumplía con la orden de la Corte Suprema de diseñar un índice de movilidad estable, que no dependa de decisiones unilaterales del Ejecutivo.

Además del rechazo político, los representantes legales de Badaro volvieron a reclamar judicialmente contra la solución ofrecida por el Gobierno. Varios diputados de la oposición, como María América González y Claudio Lozano, visitaron durante los últimos meses a los ministros de la Corte para explicarles que en el Congreso existe un proyecto alternativo de movilidad que fue dejado de lado por el Ejecutivo. Esa propuesta contempla la creación de un índice de movilidad tal como había sugerido el máximo tribunal.

Fuentes judiciales y políticas venían anticipando que la Corte estaba preparando un fallo para insistir con su postura original y rechazar el incremento año a año a través del Presupuesto. A ello se sumó un dato que dio el indicio claro de que el Gobierno preparaba alguna medida para corregir aquel mecanismo: el último viernes, cuando adelantó los lineamientos centrales del Presupuesto 2008, indicó que no estaba contemplada ninguna partida especial para un nuevo aumento de jubilados el próximo año. Es decir, estaba incumpliendo su propia receta apenas un año después de haberla impuesto.

La aclaración a esa situación llegó ayer, cuando Peirano llevó al Congreso el texto completo del Presupuesto para el próximo año. La respuesta está en el artículo 43. Dice que se le “encomienda al Poder Ejecutivo Nacional elevar un proyecto de ley referido a la movilidad de las jubilaciones”. Y agrega que deberá hacerlo “a la finalización del plazo para la opción jubilatoria” entre el sistema de capitalización y el de reparto, que es el 31 de diciembre próximo.

El argumento para postergar la implementación del índice de ajuste de los haberes es que primero la Anses debe saber cómo queda integrado el sistema de reparto. Eso surgirá de la cantidad de afiliados a las AFJP que migren a ese régimen antes de fin de año (después del 31 de diciembre ya no se podrá cambiar de sistema por un lapso de cinco años). Hasta el momento ya iniciaron el trámite para salir de capitalización cerca de 900 mil personas.

El Gobierno terminó de definir esta fórmula hace unos días. La otra opción era volver a incluir un aumento de haberes en el Presupuesto. Sin embargo, era arriesgarse a un fallo de la Corte Suprema que ordenara cómo debe ser la movilidad de acá en más. Fuentes del Ejecutivo reconocieron que hubo diálogo con el máximo tribunal para avanzar por el camino que finalmente se eligió.

De acá en más, la atención estará centrada en cómo será el nuevo índice. Seguramente habrá una disputa política por el nivel de actualización de los haberes que surgirá de distintas fórmulas. Para los jubilados, el hecho de que se establezca un mecanismo permanente de movilidad es un paso adelante. Es recuperar un derecho que perdieron con una de las leyes previsionales de Cavallo, cuando terminó de desaparecer legalmente la garantía del 82 por ciento móvil. Ahora, la tasa de sustitución del salario de los activos surgirá del índice. Es probable que ya no sea el 82 por ciento, pero las jubilaciones volverán a ser móviles.