El fiscal federal Oscar Amirante solicitó ayer las indagatorias de los principales funcionarios que estuvieron al frente del Ministerio de Economía y del Banco Central durante la crisis de 2001 y de más de 1000 banqueros. Los responsabiliza por haber perjudicado a los ahorristas del sistema financiero para beneficiar a los bancos a través de la instauración del “corralito”. Entre los funcionarios acusados figuran Domingo Cavallo, Daniel Marx, Mario Blejer y Alfonso Prat Gay. El listado de banqueros incluye a Guillermo Harteneck, Eduardo Escasany, Arnaldo Bocco, Roberto Feletti, Diego Santilli, Enrique Olivera, Julio Macchi, Carlos y José Rohm, Miguel Kiguel, José María Dagnino Pastore, Mario Vicens, Julio Werthein, Manuel Sacerdote y Carlos Fedrigotti, entre otros.

El dictamen fue emitido en una causa denunciada por el ex diputado Mario Cafiero, con el patrocinio del abogado Ricardo Monner Sans y que tramita ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. Amirante recorrió la historia económica argentina desde los ’90 hasta el estallido de la crisis y sus consecuencias inmediatamente posteriores y concluyó que existió “un plan destinado a proteger y favorecer a determinados grupos de poder económico y, en especial, a los patrimonios de los bancos autorizados a funcionar en el sistema”.

“Esta investigación se propone abrir la ‘caja negra’ del sistema bancario y financiero para poder determinar si las catástrofes se debieron a causas naturales o si hubo negligencia, impericia o dolo. Esa ‘caja negra’ se llama Banco Central de la República Argentina y el conjunto de bancos del sistema financiero”, sostiene el fiscal, quien también aseguró que la ley de intangibilidad de los depósitos resultó un fraude, porque su objetivo no era materialmente cumplible.

La acusación de Amirante tiene su antecedente en una investigación motorizada por el juez Eugenio Zaffaroni, que integra la Corte Suprema de Justicia y en octubre de 2004 propuso dar intervención al procurador general, Esteban Righi, para someter a proceso penal a los responsables de un posible fraude millonario. Al sentar jurisprudencia en favor de la pesificación en el “caso Bustos”, la Corte dictó una resolución en la que Zaffaroni acompañó el voto mayoritario, pero reclamó una investigación para determinar las responsabilidades penales de quienes provocaron el “estado de necesidad” que justificó una serie de normas violatorias de los contratos entre los bancos y sus clientes.

Para Zaffaroni, ni los funcionarios del gobierno de De la Rúa ni los banqueros “podían ignorar la situación y contexto en que se sancionaba” una ley que declaraba la intangibilidad de los depósitos que, poco después, iban a quedar retenidos en las entidades en lo que se conoció como “corralito”. Lijo deberá decidir si da luz verde a las medidas propuestas.