A través del decreto número 108, el Gobierno acaba de declarar la “emergencia alimentaria”, marco para disponer de una ayuda de 350 millones de pesos anuales para prorratear entre las provincias. Pero el proyecto de presupuesto del año en curso preverá otros 1000 millones para el futuro subsidio a jefas o jefes de familias desocupados, que podrían acceder a ese beneficio, posiblemente, a través de una tarjeta de débito recargable. Sin embargo, ese paliativo para los más pobres es un amparo tímido en relación al que planea proveer a las empresas concursadas la Ley de Quiebras que el Senado se dispone a reformar hoy.
Los 1350 millones de pesos para auxilio social deberán surgir de la reasignación de partidas, ya que la modesta performance de la recaudación prevista para el año próximo no deja demasiado margen a la generosidad oficial. El secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, trabaja ahora sobre una hipótesis de recaudación de 37 mil millones de pesos (1 millón menos que lo pautado por Adolfo Rodríguez Saá), y un déficit de 2.700 millones, contra el equilibrio prometido.
Para calmar la desesperación de los marginados, Hilda Chiche Duhalde dispondrá durante su interinato de una partida especial de 350 millones de pesos, que se distribuirán entre los Estados del interior de la siguiente manera: 40 por ciento en base al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y el resto según el de coparticipación. Pero habrá una partida aún mayor para subsidiar a los desempleados a través de una tarjeta de débito recargable con un importe mensual fijo. Este plástico debería servir para los consumos de los jefes de familia desocupados, en base a un padrón cuya pulcritud es muy difícil de garantizar.
Es una idea parecida a la que postuló pocos meses atrás la ex ministra de Trabajo, Patricia Bullrich. Aunque, a diferencia de la iniciativa que impulsaba la ex funcionaria, la asignación será fija por cada titular, y no guardará ninguna relación con el número de integrantes de su familia. La ex funcionaria proponía pagar con la tarjeta las asignaciones familiares reformuladas, de modo tal que el monto a percibir por cada jefe o jefa de hogar estaba condicionado por la cantidad de hijos.
Según proyecta el Gobierno, habrá alrededor de 700 mil beneficiarios, que por el sistema de cobro tendrían mayor garantía de disfrutar ese beneficio. Los padrones serían competencia de las provincias y municipios, pero los fondos serán manejados por la Nación que, a través del sistema de tarjeta, impediría que los gobernadores se vean tentados de echar mano del dinero para otros fines, incluido el pago de sueldos de los estatales del interior.
Aquellos grandes números forman parte del borrador de presupuesto nacional, cuyo proyecto de ley estaría ingresando al Congreso en los próximos días. Más urgente será la sanción de la iniciativa que permitirá modificar la Ley de Quiebras, para amparar a las empresas muy endeudadas y concursadas.
Esta última iniciativa fue debatida ayer en la reunión de bancada, a la que asistieron dirigentes de la Unión Industrial Argentina para explicar por qué su sanción es tan importante. El lobby está más que justificado. El proyecto suspende por 180 días todas las ejecuciones, habilita a los deudores a hacer propuestas de pagos sin límite en la quita, impide a los bancos negar préstamos a las firmas concursadas.
Entre las nuevas variantes de salvataje previstas por el proyecto está la capitalización forzosa de las acreencias, una de las opciones más controvertidas. Tanto, que ayer la senadora justicialista Malvina Seguí se opuso con ahínco a votar un proyecto de esta envergadura sin debatirlo con suficiente antelación. Más allá de la cuestión de procedimiento “¿por qué votar un salvataje a las empresas y no al PAMI o a las provincias, que están endeudadas en dólares?”, se preguntaba ayer la legisladora,contrariando el apuro de sus pares para votar el proyecto modificatorio de Quiebras, con la urgencia que lo pidió el Ejecutivo.