La interna entre Julio De Vido y Alberto Fernández se convirtió en un clásico del gobierno de Néstor Kirchner. Pero estos dos funcionarios acostumbrados a la confrontación hicieron un recorrido similar frente a un tema en el que a ambos les ha tocado intervenir: la situación de Aerolíneas Argentinas. Hasta hace unos tres meses, ninguno de ellos recomendaba ampliar la participación del Estado en la compañía, porque entendían que la empresa debía encontrar de una buena vez un esquema de estabilidad bajo la gestión del grupo español Marsans. Esa opinión se fue modificando a partir de la agudización de conflictos en la empresa y ahora los encumbrados funcionarios postulan que el Gobierno debe asumir mayores responsabilidades dentro de Aerolíneas. Según fuentes oficiales, esta semana –posiblemente el miércoles– el Ejecutivo enviará una nota a la empresa para hacer uso de la opción de compra de un 15 por ciento del paquete accionario, para llevar la participación del Estado del 5 al 20 por ciento.

En junio del año pasado, el Gobierno y el grupo Marsans firmaron un acuerdo por el cual el Estado pasó a tener ese 5 por ciento de las acciones. A cambio, los auditores del Estado en la empresa levantaron la objeción sobre los balances de los tres años anteriores, que de ese modo finalmente pudieron ser aprobados. En esa oportunidad, se incluyó una cláusula en el convenio que otorgaba al Gobierno un largo plazo, hasta el 23 de noviembre de 2007, para definir si quería aumentar todavía más su participación en la compañía. La comunicación oficial que remitirá el Ejecutivo esta semana confirmará esa voluntad, dando paso a una ríspida negociación sobre el precio y la forma de pago de esas acciones.

El Gobierno está disconforme con la forma en que Marsans está manejando la empresa. La suspensión, reprogramación y cancelación de vuelos se convirtió en una constante del último mes, detonada por una pelea con el gremio de los pilotos, y las perspectivas no son mucho mejores. A Aerolíneas le cuesta estabilizar su situación. La relación con los distintos gremios que representan a sus trabajadores –siete en total– es tirante y hay una amenaza latente de nuevos conflictos con los pilotos y el personal de tierra. El Gobierno viene amagando con imponer sanciones por los problemas con los vuelos.

Gonzalo Pascual, uno de los dueños de Marsans, llegó a Buenos Aires la semana pasada para preparar el terreno a la negociación que se viene. El viernes pasado mantuvo reuniones con los distintos gerentes de la compañía. Y el próximo martes estará presente en la reunión de directorio de Aerolíneas. En el orden del día de ese encuentro figura la convocatoria a una asamblea de accionistas, en la que se debatirá cómo responder a las pérdidas que la empresa acumuló en los últimos años. Existen distintas opciones: que los socios mayoritarios integren capital, que incorporen a Austral –propiedad ciento por ciento de Marsans– al paquete accionario de Aerolíneas o que el Estado amplíe su participación al 20 por ciento.

El Gobierno está dispuesto a asumir su parte, pero sólo capitalizando las deudas que dice que la empresa tiene con el fisco y la banca pública. Se trata de aproximadamente 60 millones de pesos, cifra que el Ministerio de Economía está revisando en este momento. Ese es un primer punto de discusión con Marsans. La compañía niega tener deudas por esa cifra y reclama que el Estado aporte dinero fresco para quedarse con el 20 por ciento de las acciones.

También existe una distancia sideral entre el valor que para el Estado tiene la empresa, que calcula en torno de los 250 millones de pesos, y el que postulan sus accionistas mayoritarios, en el orden de los 1000 millones de pesos. Esa diferencia se traslada al costo que las acciones tienen para uno y otro. Todos estos puntos se debatirán después del 23 de noviembre. El Gobierno lo que hará ahora es reservarse el derecho a tomar el 15 por ciento de acciones disponibles y dejará para después los otros puntos.

Con el 5 por ciento de participación actual, el rol del Estado dentro de Aerolíneas es meramente fiscalizador. Tiene poder de veto para decisiones estratégicas que no comparta, pero no dispone de fuerza para intervenir en la gestión. De pasar al 20 por ciento, el Gobierno supone que tendrá mayor peso para plantear un cambio en el equipo gerencial que se encarga del día a día de las operaciones. Marsans por ahora se resiste a cambiarlo y atribuye casi todos los problemas a la rebeldía sindical. Como los gremios se niegan a firmar un acuerdo que los comprometa a no tomar medidas de fuerza por un plazo de cinco años, la empresa aduce no estar tranquila para concretar las inversiones prometidas. Desde los sindicatos afirman que ese pacto es poco menos que una cargada, porque la empresa no se caracterizó en los últimos años por su flexibilidad para negociar con los gremios.

Algunos hombres del Gobierno no descartan que ese bloqueo en las negociaciones entre la empresa y los sindicatos sea una excusa y que, en realidad, Marsans lo que quiere sea alejarse de Aerolíneas. Se basan en dos hechos. El primero es que en los últimos dos años, Marsans fue trasladando a Austral la mayoría de los vuelos de cabotaje que antes operaba la empresa. El 75 por ciento de los vuelos domésticos ahora los realiza Austral, cuando anteriormente Aerolíneas tenía el 70 por ciento del mercado. Austral es una empresa con menor conflictividad gremial y condiciones laborales más flexibles.

En segundo lugar, los funcionarios que siguen de cerca el manejo de la empresa ven con preocupación el crecimiento de la aerolínea Air Comet, también del grupo Marsans. Es una compañía que tomó las rutas de la caída Air Madrid y se convirtió en la mayor competencia para Aerolíneas en los vuelos a Madrid. También le saca pasajeros al resto de Europa, en operaciones manejadas desde Chile. Air Comet está radicada en España. Marsans estaría invirtiendo fuertes sumas para consolidar esta empresa, lo que despierta sospechas de que su objetivo sea manejarse con ella en el plano internacional y con Austral en el de cabotaje, abandonando a Aerolíneas a su suerte. Marsans rechaza todas estas especulaciones e insiste en que si el Gobierno quiere ampliar su participación accionaria, tendrá que poner plata fresca.