Los secretarios generales de los gremios de base de la Federación Sindical del Petróleo y Gas Privados resolvieron aceptar la propuesta empresaria de mejora salarial y levantaron el paro que habían llevado adelante durante los últimos trece días. La propuesta que ayer presentaron las cámaras empresarias del fraccionamiento y distribución de gas en el seno del Ministerio de Trabajo se acercó notablemente a la demanda de la parte sindical, lo que posibilitará que a partir de hoy se reanuden las tareas relacionadas con la distribución de garrafas de gas en todo el país. Según estimaciones del sector, compartidas por la parte empresaria y sindical, la disponibilidad de garrafas se normalizaría en 48 horas en la mayor parte del país.

La oferta empresaria contempla una mejora de 25 pesos diarios, que se incorporan al salario actual, más una suma no remunerativa de 1000 pesos que se abonará en dos cuotas de 500, en los meses de enero y marzo próximos. El incremento al sueldo tiene vigencia a partir del 1º de noviembre, lo cual significa que el gremio desiste de que se haga retroactivo a septiembre. En cuanto a la suma no remunerativa, en el reclamo original ascendía a 1500 pesos. Con estos ajustes, el salario básico de los trabajadores de las fraccionadoras se iría a 2600 pesos y en las distribuidoras, a 1800.

Las negociaciones entre la dirigencia sindical y la representación patronal habían pasado a cuarto intermedio el martes cerca de la medianoche sin arribar a un acuerdo. Hasta entonces, las diferencias entre el reclamo gremial y la postura empresaria parecía insalvable. Las partes venían de un acuerdo alcanzado en el mes de septiembre para mejorar el nivel remunerativo de los trabajadores del sector, que luego no se aplicó cuando los empresarios adujeron problemas de costos y tarifas para poder honrar el compromiso. Esto desató el conflicto a partir del 8 de noviembre, que en los últimos días comenzó a reflejarse en la escasez de garrafas en diversos puntos del país, cuando se agotaron las existencias en los puntos de distribución locales.

El impacto que la falta de gas podía causar sobre millones de hogares, no abastecidos por las redes domiciliarias, apuró una resolución. El Ministerio de Trabajo, a través del director de Relaciones laborales, Ariel Schuster, le reclamó a la parte empresaria que acercara una propuesta que permitiera arribar a una solución.

El carácter social que fue adquiriendo el problema a medida que transcurrían los días y se extendía el desabastecimiento, hizo recordar a muchos que inexplicablemente el fraccionamiento del gas licuado y su distribución en garrafas no está regulado en absoluto, pese a que normalmente abastece a sectores más humildes o alejados de los centros urbanos, en relación con las áreas abastecidas por gas natural. Los empresarios deben haber comprendido que la inflexibilidad los iba acercando, cada vez más, a que se impusiera un cambio en las reglas de juego. El sector gremial llegó a denunciar, el lunes, a los representantes empresarios de “haber tomado de rehenes a todos: a los trabajadores, al pueblo y, posiblemente, al Gobierno”. Según Roberti, las patronales estaban “en condiciones de acceder a los reclamos salariales de sus empleados”, pero demoraban una respuesta “porque están persiguiendo una cuestión tarifaria”.

La garrafa de 10 kilogramos se comercializa a un precio de 26 a 30 pesos en el Gran Buenos Aires y en provincias de la zona central y litoral. En los últimos días, entre la presión sindical y del Gobierno, voceros empresarios llegaron a estimar que el valor podría subir a más de 40 pesos si el conflicto se resolvía a través de una suba salarial. En 48 horas, se estima, podrá reanudarse el abastecimiento “normal” en la mayoría de las provincias afectadas. Lo que aún no quedó explicitado es a qué precio.