Casi al mismo momento que Antonio Brufau reclamaba en Madrid un cambio de reglas para estimular la inversión en hidrocarburos en los países latinoamericanos –alusión que, obviamente, incluye a la Argentina–, se publicaba en el Boletín Oficial un decreto que hace más restrictivo el régimen de exportación de gas, norma que difícilmente gane la simpatía del presidente de Repsol YPF. El cambio sustancial al mecanismo empleado para vender ese carburante al exterior consiste en transferir la potestad de autorizar esas operaciones desde un organismo técnico como la Secretaría de Energía a la máxima instancia del poder político, como es el de la Presidencia de la Nación.

El espíritu del decreto 1705 es evidentemente restrictivo. En principio, porque esa cesión de potestades supone un mayor margen de discrecionalidad del poder político para conceder los permisos. Estos, de todos modos, seguirán siendo solicitados por las productoras a Energía, cuya recomendación estará en parte basada en un informe del Enargas. Pero, finalmente, la última palabra la tendrá el Presidente o aquella instancia del PE nacional que expresamente designe para que resuelva el tema. Habilitación que, en el terreno de las conjeturas, podría incluir la Secretaría de Comercio, por ejemplo.

El decreto también plantea la posibilidad de que se exporte por encima de lo que se autorizó a una empresa, aunque sujeta esa chance a que haya gas disponible para el mercado interno. Es decir, que los contratos deben tener el carácter de “interrumpibles” y estar resguardados expresamente de cualquier pedido indemnizatorio de los importadores en caso de que se produzca un corte.

Priorizar el mercado interno es exactamente el mismo principio general que rige toda la exportación de gas en la actualidad y que está consagrado por la ley 17.319 de Hidrocarburos. Esa norma regula la actividad de productores: sólo puede venderse si hay excedente, luego de atender íntegramente la demanda doméstica. Ley que está ratificada por el marco regulatorio que se elaboró al privatizar el transporte y distribución de gas (ley 24.076), que reitera la necesidad de obtener permisos para vender al exterior.

Los 4,08 dólares por millón de BTU que puede cobrar un productor que exporta contrasta con el 1,5 dólar de valor promedio al que puede proveer al mercado interno. No hay dudas de que es un filón muy atractivo del negocio de las petroleras, que por esta vía pueden compensar la situación tarifaria en otros segmentos de su actividad. Pero después del 2004, cuando se hizo presente la escasez del recurso, los permisos oficiales se otorgaron sólo con cuentagotas.

La pobre performance quedó demostrada en los datos de que dispone el Ente Nacional Regulador de Gas. Durante octubre, sólo se despacharon a Chile 300 mil metros cúbicos día por Pacífico, el ducto que llega al sur de Santiago de Chile, y 1,5 millón por Gas Andes, que nutre a la capital. Ambos casos implican haber restringido los despachos a sólo el 15 por ciento de la capacidad contratada. Esa política estuvo originada en que el Gobierno no autorizó esos envíos para redireccionar el fluido a la atención de la demanda doméstica, obligando así a interrumpir los contratos en curso y dando con ello pie a millonarias demandas indemnizatorias de parte de los importadores.

El flamante decreto surgió a la luz días después de que el Gobierno anunciara un aumento en las retenciones sobre las exportaciones de crudo y gas, medida poco simpática para las productoras. En este contexto, las declaraciones que ayer formuló Brufau en un seminario se interpretan como inspiradas en parte por las determinaciones del gobierno local. Según el titular de Repsol YPF, América latina podría pasar a ser importador neto de energía por la “falta de reglas claras”. “Se sigue sin facilitar las inversiones, afectando la disponibilidad futura de la oferta”, advirtió el funcionario, dejando en claro así la cuestión medular de la puja que está librando con varios gobiernos nacionales: el de Venezuela, el de Bolivia y también el de Argentina.