Los conflictos hacen visibles situaciones ocultas que encubren desigualdades, injusticias y complicidades. Por ese motivo, quienes son integrantes del poder económico se inquietan ante las manifestaciones que exponen problemas escondidos, comportamiento que en varias ocasiones es acompañado por una mayoría que prefiere barrer bajo la alfombra. La crisis por el gas en garrafas hizo emerger a la superficie que el fraccionamiento del gas licuado y su distribución en envases de distintos kilogramos está desregulado. Un mercado con control oligopólico que abastece a los sectores más humildes o alejados de los centros urbanos. El carácter social de ese conflicto por el desabastecimiento y especulación que disparó el precio de la garrafa de 10 kilos a rangos de 50 a 60 pesos encierra aspectos tan relevantes como la discusión salarial planteada. “La desmedida pretensión gremial constituye un despropósito tanto por la oportunidad del reclamo como por su magnitud”, expresó sin ahorrar calificativos la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado de Petróleo, en un comunicado, el 13 de noviembre pasado. Aunque “desmedida”, “despropósito” y “magnitud” también podrían ser simples palabras para describir el funcionamiento de un negocio que lucra con la necesidad de los pobres. Para evitar que el conflicto se extendiera y revelara la ausencia de una regulación estatal efectiva que pudiera imponer cambios al funcionamiento de una actividad muy rentable, los empresarios se acercaron bastante a lo que ellos habían denominado “desmedida pretensión gremial”. Ese conflicto, además de saldarse con una mejora salarial, expuso la imprescindible necesidad de intervención del Estado en un mercado sensible para los más postergados de la sociedad.

Desde la bochornosa privatización de Gas del Estado, en 1992, aprobada en el Congreso con el famoso diputrucho, el precio de las garrafas de gas está libre. Por ese motivo, ese servicio básico para los sectores más humildes ha aumentado considerablemente desde entonces, consumiendo una porción importante de esos presupuestos familiares. Desde la megadevaluación, la garrafa básica se encareció poco más de 200 por ciento, con el libre juego de la oferta atomizada y la demanda concentrada. La regulación estatal resulta usualmente tardía e insuficiente. Se estableció una “tarifa social” para la garrafa de 10 kilogramos a un precio de 18 a 20 pesos que hoy casi no se consigue, pese a que se publicita su comercialización en 606 puntos de venta. El valor promedio es de más de 30 pesos, y en las últimas semanas casi lo duplicó, en los 95.000 locales que despachan GLP.

La consultora Equis, de Artemio López, en base al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, relevamiento que incluyó la variable de disponibilidad del servicio de red de gas, calculó que “el 39 por ciento de la población nacional, 15,2 millones de personas de los cuales seis millones son niños menores de 15 años, no poseen gas natural en sus hogares”. De ese universo, el 78 por ciento son pobres y el 85 por ciento utiliza gas envasado, mientras que el resto apela a otros combustibles alternativos (carbón, leña, querosén). En Misiones, Corrientes y Chaco no existe gas por red. Como reflejo del fracaso de las privatizaciones, Artemio López menciona el caso de la transportadora de gas del NEA, que no encaró inversiones para que en esa región vulnerable del país hubiera gas por red. Más de 800 mil hogares de esas provincias, incluyendo Formosa, son rehenes de las garrafas. Otro dato que muestra la enorme distancia entre la propaganda y los resultados del proceso privatizador lo ofrece el investigador Ricardo De Dicco, destacando que desde 1993 hasta la fecha se han incorporado apenas un millón de usuarios a la red troncal, mientras que durante los cinco años del gobierno de Raúl Alfonsín se habían sumado 2,5 millones.

En el documento Gas natural: análisis de la situación actual del abastecimiento del mercado interno y de las exportaciones, De Dicco presentó un cálculo asombroso e ignorado cuando se aborda la cuestión de las garrafas, que demuestra la increíble rentabilidad de ese negocio a costa de los pobres. El experto que trabaja en la Universidad del Salvador estima el costo de producción de GLP en 2 pesos la garrafa de 10 kilogramos y aplicando gastos y margen de utilidad, estima que el precio debería ubicarse entre los 4 y 6 pesos. “De lo contrario sería cometer un crimen”, afirma. Esos valores pudieron haber subido algunos pesos desde el momento en que se realizó esa estimación (septiembre de 2004), pero nunca a los niveles extraordinarios en que hoy se comercializa. De Dicco calculó que por esos márgenes fabulosos, los agentes económicos que operan en el mercado de GLP internalizaron ganancias por unos 5300 millones de dólares en el período 1997-2004.

Apenas cinco compañías concentran el 82,8 por ciento de la producción de GLP: la española Repsol Gas participa con un 34,5 por ciento más un 20 por ciento de su controlada Pluspetrol, la francesa TotalGaz con un 20,5 por ciento y la angloholandesa Shell Gas con 7,8 por ciento del mercado. La red de fraccionadoras está compuesta por 49 empresas y existen 280 distribuidoras, estructura donde Repsol YPF y Petrobras operan indirectamente en la mayoría de las empresas de esos dos eslabones de la cadena del GLP. Incluso también tienen participación en el último, la comercialización. Las petroleras tienen un nicho estupendo con el GLP, que es el hidrocarburo que en condiciones ambientales normales se presenta en estado gaseoso y tiene la particularidad de ser fácilmente licuable con el fin de su almacenamiento, transporte, comercialización y manipulación en general. Entre esos hidrocarburos se encuentran el propano y el butano, dos gases que se obtienen en las destilerías de petróleo y también a partir del gas natural en las plantas de tratamiento.

Esa rentabilidad fabulosa también queda en evidencia cuando se observa el comportamiento de las cooperativas de energía que proveen el servicio de gas en garrafa. En las regiones donde son fuertes esas organizaciones sociales el precio es menor, por ejemplo en Córdoba, donde las petroleras no participan porque no quieren competir a esos valores. Armeo Brochero, integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Las Varillas, escribió en la revista Acción que vende la garrafa a 17 pesos aun fraccionando el gas que les compra a las petroleras con las que compite. “Demostramos así que esas multinacionales contabilizan ganancias fabulosas porque Grec Gas (la marca de garrafas de esa cooperativa) la vende a 17 pesos y en el último ejercicio registramos un excedente de 600 mil pesos, además de realizar donaciones anuales por el valor de 30 toneladas de gas a carenciados, comedores comunitarios e instituciones de bien público.” Brochero se pregunta: “¿Cuánto dinero explotan de los bolsillos de la gente que consume gas envasado quienes directamente lo extraen de los pozos y lo venden sin intermediarios al usuario final?”.

El gas natural está considerado un “servicio público nacional” y sus tarifas están sujetas a disposiciones gubernamentales. En cambio, el mercado de GLP está desregulado. En la práctica, la provisión general de gas a los hogares está funcionando como una “tarifa social”, pero al revés, ya que son los sectores de menores ingresos quienes pagan el costo más alto por el servicio. Cuando se habla de crisis energética no se menciona al GLP, cuando en realidad el “despropósito” de cómo está funcionando ese mercado, la “magnitud” de las ganancias que quedan en manos de las petroleras y la “desmedida” pretensión de las empresas de subir las tarifas constituye la verdadera crisis. Se trata de una crisis provocada por una década de privatizaciones y abandono del Estado de su rol de regulador.

El recorrido del gas en garrafa es un espejo donde mirar cuando se presiona por una mayor liberación de precios en mercados oligopólicos y altamente concentrados, tránsito que se traduciría en una nueva transferencia de recursos a ese bloque de poder desde los sectores más vulnerables. Basta imaginar el sendero de precios de la carne, el pan, el resto de los alimentos o los servicios públicos si en estos años hubiera predominado la misma lógica de determinación de precios de las garrafas de gas.

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