La Corte Suprema de Justicia ratificó ayer la teoría del “esfuerzo compartido” entre privados para un caso donde los propietarios de una escuela habían solicitado un préstamo de 450 mil dólares. En su fallo, el máximo tribunal condenó al tomador del crédito a pagar “la suma que resulte de transformar a pesos el capital reclamado en moneda extranjera a razón de un peso por dólar, más el 50 por ciento de la brecha que exista entre un peso y la cotización de la mencionada divisa en el mercado libre de cambio, tipo vendedor”.

La Corte se pronunció de esta forma en la causa presentada por ocho acreedores privados contra los propietarios del Instituto de Educación Integral San Patricio, por un monto pendiente de pago de 163 mil dólares más intereses sobre el total tomado como préstamo. En el voto mayoritario, los ministros entendieron que en este caso “no se encontraba en juego la vivienda única y familiar del deudor”, pero reconocieron la “grave perturbación económica, social y política” admitida por la ley 25.561 de Emergencia Económica.

Los ministros avalaron el “derecho de emergencia originado por dicha circunstancia con proyección a las relaciones entre particulares”, por lo que encontraron “aplicables normas sobre pesificación a los deudores que hubiesen incurrido en mora con anterioridad al 6 de enero de 2002”.

De esta forma, el máximo tribunal del país revocó un fallo dictado por la sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que había declarado “inaplicables” las normas de emergencia económica, “porque la mora” era anterior a su entrada en vigencia.

El 8 de marzo de 2005, la Corte declaró procedente un recurso de queja presentado por el establecimiento educativo y ordenó la suspensión de la ejecución de dos propiedades puestas como garantía. El préstamo había sido requerido en diciembre de 1998 por el Instituto de Educación Integral San Patricio primero por 392 mil dólares al 18 por ciento anual de interés. Luego, en enero de 1999, se agregaron 58 mil dólares y ante la “falta de pago en tiempo y forma”, ocho acreedores privados encabezados por Irene Longobardi reclamaron ejecución hipotecaria por la deuda pendiente, 163 mil dólares más intereses.