El titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Santiago Montoya, afirmó ayer que este organismo seguirá recaudando el denominado impuesto a la riqueza. De este modo, desafía la sentencia de la Corte Suprema de la Nación que obligó, por medio de una medida cautelar, a dejar de cobrar ese tributo hasta tanto no se falle sobre su constitucionalidad.

“Nosotros vamos a seguir aplicando las leyes vigentes con toda la fuerza de las herramientas que tenemos para hacerlas cumplir”, aseguró Montoya. Asimismo, recordó que el fallo se refiere a dos contribuyentes, por lo que “los demás tendrán que continuar con el pago del impuesto. Seguiremos cobrando todo lo que tengamos que cobrar”.

La decisión de la Corte surgió como consecuencia de la presentación realizada por Gustavo Cappati y Pedro Ramírez, que reclamaron la inconstitucionalidad del impuesto a la riqueza, que a partir de septiembre comenzó a cobrar la provincia de Buenos Aires. En rigor, el nuevo gravamen provincial se cobra sobre el adicional de los impuestos Inmobiliario y de Automotores, que se aplica a los contribuyentes que tengan un patrimonio total que supere los 500 mil pesos. Cappati aduce que para contabilizar el total de activos se imputan no sólo los que se encuentran en la provincia de Buenos Aires, sino también aquellos que tenga en el resto del país o en el exterior. De esta manera, sostiene, se daría una superposición con el impuesto de Bienes Personales que se recauda a nivel nacional.

Montoya también reconoció que “existe la posibilidad de que la Corte, una vez que tome cartas en el asunto, termine disponiendo esa inconstitucionalidad, en cuyo caso siempre perderemos algunos millones de pesos”. Aseguró que si no se puede cobrar el impuesto a la riqueza “es una pena porque son millones de pesos que se están cobrando dentro del grupo del 0,3 por ciento de los contribuyentes que más bienes tienen, y eso le quita un poquito de progresividad al sistema”. Respecto de la doble imposición, Montoya aseguró que es “bastante controversial”, a la vez que admitió que “la doble y triple imposición existe en la Argentina. Hay muchos impuestos que son parecidos y que son sobre base idéntica y que lo cobra Nación y Provincia, aunque se llamen distinto. El asunto es si resulta confiscatorio. Si fuera por la doble imposición, serían cuestionables muchos otros impuestos en la Argentina”.

Si bien el gravamen aportó hasta ahora cerca de 87 millones de pesos, se esperaba que rindiera entre 250 y 300 millones para este año. Esta estimación ya fue rectificada para el 2008 a 150 millones por la baja performance que ha enido hasta aquí. Por otra parte, el peso del impuesto a la riqueza en comparación con la recaudación total de la provincia no es relevante. Según fuentes de ARBA, para el 2008 la recaudación estimada en la provincia se encuentra alrededor de los 15.000 millones de pesos, con lo que el controversial impuesto representa sólo el 1 por ciento del total. A su vez, la misma fuente descartó un conflicto con la Corte Suprema. “No se trata de una confrontación con el Máximo Tribunal, simplemente sucede que la ley que sostiene el impuesto por el momento sigue vigente y la medida cautelar dictada por los Supremos apunta solamente a los casos de Cappati y Ramírez”, acotó.

De ahora en adelante, ARBA tiene dos cuestiones por abordar. Por un lado, tendrá que realizar el descargo dentro de los próximos sesenta días justificando el cobro del impuesto y, por otro lado, deberá evaluar formas alternativas de financiar el bache que se abriría en caso de que la Corte resuelva que el impuesto en danza es inconstitucional. No obstante, las mismas fuentes afirman que para esto último tienen tiempo ya que recién se determinaría a mediados del 2008.