El Senado dio ayer media sanción y giró a Diputados una ley que refuerza sustancialmente la protección de los derechos de los consumidores. “Es un antes y un después en la materia”, dijeron eufóricas desde las ONG que representan a los usuarios. Es una reforma a la Ley 24.240 de Defensa de los Consumidores, que recoge la experiencia de la última década y resuelve en favor de los clientes situaciones habituales de conflicto con proveedores de bienes y servicios. La iniciativa contempla la creación de un registro de reclamos, prohíbe la sobreventa de pasajes aéreos, obliga a sincerar los sobrecostos bancarios, extiende la garantía de bienes durables de 3 a 6 meses, eleva las multas de los incumplidores a 5 millones de pesos, les reconoce a los consumidores el derecho a indemnizaciones inmediatas de hasta 3000 pesos y fuerza a las privatizadas a someterse a la ley, entre los puntos más destacados.

Página/12 reveló el último domingo que algunas de las principales cámaras empresarias estaban ejerciendo una fuerte presión para frenar la sanción del proyecto. Entre ellas se contaban la asociación de bancos extranjeros, la cámara de empresas aéreas, la Unión Industrial Argentina, las compañías de cable, las telefónicas y otras privatizadas. Sin embargo, a sólo dos semanas de que el proyecto perdiera estado parlamentario, la Cámara alta decidió avanzar con su aprobación. Había estado analizando la iniciativa por más de un año, después de la media sanción de Diputados de agosto de 2006.

Finalmente, el Senado sancionó la ley por unanimidad, pero como le introdujo cambios al texto original, el proyecto volverá a la Cámara baja. De allí no debería tardar demasiado en salir, a juzgar por lo que ocurrió en su momento: fue convalidado por una mayoría de 163 a 9. Los únicos que votaron en contra fueron los partidos de Macri y López Murphy.

“Es una ley muy importante, porque resuelve situaciones de abuso que se dan en lo cotidiano”, comentó a este diario el senador radical Luis Naidenoff. El legislador destacó como uno de los cambios fundamentales la posibilidad de los consumidores de litigar sin costas. Eso quita una traba para reclamar ante la Justicia. Este punto dio lugar a un debate en la sesión, durante el cual el oficialista Nicolás Fernández sostuvo que el Ejecutivo en su momento vetó la incorporación de ese derecho. Eso ocurrió en 1993 y el veto corrió por cuenta de Carlos Menem. Algunos legisladores se quedaron con la duda sobre si la gratuidad quedó finalmente incorporada, aunque Petcoff –quien la recomendó, junto al socialista Rubén Giustiniani– sostuvo que así fue. Las dudas surgieron porque el proyecto se trató sobre tablas, sin un dictamen previo.

Pero ése no es el único cambio importante. Otro es que las empresas aéreas ya no podrán ampararse en el código aeronáutico para sobrevender pasajes, sino que pasan a estar sometidas a la ley de los consumidores. Lo mismo ocurre con las privatizadas, a las cuales se les exige llevar un registro de reclamos y reabrir oficinas para responder a las quejas (ya no podrán hacerlo con un teléfono en la sucursal). También se extiende el alcance de la ley de tarjetas de crédito a todo el país: las oficinas provinciales y municipales de Defensa del Consumidor podrán ahora hacer valer esa norma.

En cuanto a los bancos, se los obliga a informar de manera detallada, cierta y objetiva todos los cargos que cobran por mantenimiento de cuentas y créditos, bajo apercibimiento de ser denunciados por publicidad engañosa. Las empresas que reclamen el pago de una deuda bajo la apariencia de una intimación judicial también serán pasibles de sanción. Las multas se elevan de 500 mil pesos a 5 millones. Los consumidores pueden exigir indemnizaciones por vía administrativa de hasta 3000 pesos y se les permite dar de baja los contratos de servicios de la misma forma que los tomaron, ya sea por vía telefónica o electrónica.