El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, suspenderá por 60 días la aplicación del impuesto a la riqueza en la provincia a raíz de la medida cautelar de la Corte Suprema que impidió su aplicación para un caso en particular. “Hay un fallo y hay que cumplirlo”, afirmó el mandatario, antes de dar a conocer el envío de un proyecto de ley a la Legislatura provincial para postergar la aplicación del tributo. La iniciativa fue girada ayer mismo a la Cámara de Senadores. Más allá de esa solución transitoria, es probable que el gravamen quede definitivamente sin efecto.

A la decisión del Ejecutivo bonaerense se sumó ayer otra noticia que afecta la estrategia para cobrar impuestos del director de la agencia recaudadora, Santiago Montoya: un juez de La Plata declaró inconstitucionales los embargos realizados sobre los créditos de los morosos de la provincia.

El martes pasado, la Corte Suprema ordenó que se deje de recaudar el impuesto a la riqueza que se cobra en la provincia desde septiembre. El fallo surge como consecuencia de la presentación del contribuyente Gustavo Capatti, quien argumenta que el nuevo impuesto se superpone con el de Bienes Personales que se recauda a nivel nacional. La suspensión en la recaudación se aplica, en principio, sólo a esa persona. Pedro Ramírez hizo una presentación similar, con el mismo resultado. Frente a ello, la reacción inicial del gobierno bonaerense fue ratificar la continuidad del gravamen. Montoya sostuvo que seguiría vigente. Sin embargo, Scioli terminó eligiendo otro camino.

El gobernador evaluó en la tarde de ayer la forma de seguir avanzando con el tema junto a funcionarios de la cartera de Economía y al propio Montoya. La decisión fue enviar a la Cámara de Senadores un proyecto de ley que dispone la suspensión de la exigibilidad del tributo por el término de sesenta. Por otra parte, el proyecto propone que el Poder Ejecutivo tenga la potestad de prorrogar por igual período la suspensión mencionada.

A la hora de fundamentar el proyecto se tuvo en cuenta, según el propio documento, que hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre la constitucionalidad o no del gravamen, se afectará, por un lado, “la relación de certeza que es conveniente instaurar y mantener entre el fisco con los contribuyentes” y generará, por otro lado, “una situación de desigualdad entre estos últimos, según hayan o no recurrido a la instancia judicial”. Esto es porque quienes hicieran la presentación judicial, como Capatti y Ramírez, quedarían eximidos del pago del tributo.

Por otra parte, el proyecto contempla que con esta suspensión en el cobro del impuesto, el fisco no recaudará una cantidad de recursos, que para el 2008 estaban estimados en 150 millones de pesos. Por lo tanto, dado que la provincia adhiere al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, esos fondos deberán ser sustituidos por otros. En este sentido, el tercer artículo cede al Poder Ejecutivo la potestad de propiciar las medidas tributarias “que resulten necesarias”.

El proyecto ya estaba siendo tratado en la tarde de ayer en Senadores, y según fuentes del gobierno provincial, se descartaba su aprobación inmediata, dado que “ya hay consenso”.

Con este conflicto solucionado, al menos coyunturalmente, se le presentó a Scioli un nueva disputa legal-tributaria. El juez Luis Federico Arias, del Juzgado Contencioso Administrativo 1, declaró inconstitucionales las resoluciones que facultan al órgano recaudador de la provincia a disponer embargos de créditos de contribuyentes con deudas impositivas reclamadas en juicio de apremio.