“El principal comprador del gas boliviano es Chile y debería vendérsele directamente a él y no a la Argentina, que se lo revende a un sobreprecio ridículo.” La propuesta corresponde al presidente de la Comisión de Empresarios Privados de Bolivia, Roberto Mustafá, quien desde Santiago de Chile salió al ruedo con una idea que resulta desconcertante. Por decisión soberana, su propio país decidió no abastecer a los chilenos mientras subsista el conflicto territorial por la salida al mar. La provisión del gas argentino, a su vez, está reducida a la mínima expresión y nada indica que esto vaya a revertirse. Por el contrario, un fallo internacional acaba de respaldar los cortes.

La realidad quita sentido al pedido del conocido líder patronal. Argentina hoy despacha al país trasandino poco más de 1,5 millón de metros cúbicos día, contra los nueve que tiene comprometidos en firme por contrato y los más de 20 que envió en otros momentos. Esa mengua fue resultado de una orden del gobierno argentino, que obligó a las empresas locales a priorizar el mercado interno cuando la escasez del gas comenzó a generar problemas acá.

Los cortes resultaron muy revulsivos del otro lado de la cordillera, donde la provisión argentina resulta vital. No sólo para atender la demanda domiciliaria (que hoy paga por el gas bastante más que un usuario argentino), sino de la industria y de las usinas generadoras de electricidad, que tuvieron que migrar a otros combustibles mucho más caros. Con cierta resignación, Chile apuesta ahora a terminar la planta regasificadora de Quinteros, que le permitiría abastecerse de gas licuado de lejanos destinos como Asia.

Los cortes de la exportación motivaron en su momento una airada reacción de los presidentes vecinos y animaron a industrias y generadoras a demandar a las proveedoras argentinas en tribunales arbitrales por incumplimiento de contrato. La embestida, sin embargo, hasta ahora parece poco eficaz.

La Sociedad Eléctrica Santiago –operada por la estadounidense Aes Gener– demandó sin éxito ante la Cámara Internacional de Comercio al consorcio local Sierra Chata –grupo integrado por Petrobras, Esso, Canadian Hunter y Total– por los daños que le ocasionó la interrupción del suministro. Los árbitros no hicieron lugar al pedido resarcitorio, interpretando que los cortes se debieron a una razón “fuerza mayor”, como fue la determinación del gobierno argentino de suspender los despachos.

A mediados del año pasado, el gobierno argentino forzó un acuerdo –avalado luego con la resolución 599– con la mayoría de las productoras locales por el cual cada firmante se comprometió a prorratear su gas. De este pacto surgió que para la exportación sólo podría ir el “excedentario”, saldo difícil en un contexto de producción menguante y demanda creciente.

De todos modos, la situación parece ir ordenándose paulatinamente. Tierra del Fuego se quejó en su momento porque suspender las exportaciones gasíferas a Chile le implicaba resignar dos millones de pesos mensuales en concepto de regalías. Mayor es el impacto en el erario de la Nación, que decidió cubrir con recursos propios la diferencia entre el precio del gas que importa Enarsa desde Bolivia –ahora a 6,98 dólares el millón de BTU– y que entrega al sistema por poco más de 2 dólares. Este alto precio que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner convalidó para el gas boliviano quita más sustento al planteo de Mustafá, que lo tildó de irrisorio.

Cuando los bolivianos demandaron cobrar 5 dólares el millón de BTU, el Poder Ejecutivo argentino incrementó del 20 al 45 por ciento las retenciones sobre las ventas de gas a Chile que, libre de ese impuesto, en promedio se exporta a poco más de 2 dólares. Con ese gravamen adicional, que en este caso pagan los importadores chilenos, Enarsa pensaba “compensar” lo que desembolsaba como diferencia entre el precio al que importa y al que inyecta el gas al sistema. Pero como las exportaciones quedaron suspendidas, esa compensación para la caja de Enarsa finalmente no llegó.

La propia Bolivia tampoco está en posición de garantizar un aumento en sus exportaciones gasíferas, al menos en lo inmediato. Porque si bien tiene un subsuelo rico, necesita millonarias inversiones para explotarlo. Hoy sólo vende a la Argentina 2,7 millones de metros cúbicos día contra los 7,0 millones que debe tener disponibles. Ni hablar de los 27,7 que Evo Morales prometió enviar en un futuro, cuando exista el gasoducto capaz de traerlo. Ni en caso de que se superase el conflicto con Chile por el infructuoso reclamo boliviano de una salida al mar, las cosas podrían acomodarse como sueña el industrial paceño Mustafá, acérrimo enemigo de la nacionalización de los hidrocarburos. En rigor, este líder del empresariado hace gala de un pragmatismo superador: su idea es que los chilenos aporten capitales para desarrollar productos y la plataforma para exportarlos luego.