Aun si el modelo es el de los Estados Unidos, referencia recurrente a la hora de buscar ejemplos de eficiencia, emular un experimento de otra nación y sin disponer siquiera de todos los recursos para hacer una buena réplica puede ser peligroso. El nuevo Indice de Precios al Consumidor, que distancia al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, del ministro de Economía, Martín Lousteau, es un intento de esa naturaleza.

Hay por lo menos dos datos ciertos respecto del demorado IPC que podría ser formalmente presentado en los próximos días, y cuyo armado definitivo provoca encontronazos dentro del Gobierno. El primero, que la medición se restringirá a los consumos más difundidos en las clase media, excluyendo a los bienes y servicios que más lo empujan hacia arriba. El otro, que la canasta evaluada se irá modificando según un criterio de sustitución sustentado en la idea de que los consumidores reemplazan automáticamente lo más caro por lo más barato.

El actual índice de precios estadounidense está construido sobre las mismas pautas básicas que el tradicional IPC argentino, que refleja un promedio de los consumos de todos los estratos sociales, pero que por la información contenida también permite desagregar datos (índices parciales) según los estratos de ingresos. Este es el registro formal, que Estados Unidos utiliza para todas las evaluaciones económicas. Adicionalmente, y sólo en carácter experimental, los estadounidenses también están calculando un índice específico para los sectores de menores ingresos y sobre la idea de que éstos reemplazan los productos de la canasta común por otros más baratos. Pero no sólo se trata de un ensayo, sino que el experimento está apoyado en una encuesta de gastos mensuales, algo que permite hacer un seguimiento cierto de cómo los consumidores migran de un producto a otro.

Argentina aún no puso en funcionamiento –lo haría con el IPC en ciernes– la nueva canasta de gastos, que está basada en las encuestas que se hicieron durante el 2004 y el 2005. Este relevamiento permite actualizar ese esquema cada diez años, lejísimo de esa frecuencia estadounidense e incluso de la de los españoles, que actualizan esa base de datos cada año. Sin ese insumo fundamental, el periódico mecanismo de “sustitución” que se prevé aplicar para ajustar todos los meses el IPC nacional puede abrir las puertas a arbitrariedades. Según especialistas allegados al Instituto de Estadística y Censos, no hay ninguna norma metodológica internacional que avale ese reemplazo y menos la habría para consagrar semejante nivel de discrecionalidad.

En rigor, las encuestas de gastos que dieron lugar a la canasta vigente –la de 1996– y la futura no arrojaron diferencias sustanciales en los patrones de consumo, salvo por el menor peso relativo de alguno que otro artículo o servicios, como los viajes al exterior o el cambio de electrónicos como la video por el reproductor de DVD. Realizar las sustituciones estadísticas con criterios objetivos es una tarea difícil, en particular en algunos rubros sensibles y aun cuando haya precios que suban mucho y estacionalmente.