Ricardo Muiños, de los pocos síndicos del concurso de Aerolíneas Argentinas que votó en contra del acuerdo sellado con los acreedores, no pudo ayer ingresar a la reunión convocada por Jorge Sicoli para explicarle por qué ese proceso es inválido. Por una cuestión formal, el juzgado consideró que la parte de la sindicatura representada por él ya estaba fuera del proceso y omitió agregar datos sobre uno de los capítulos más vidriosos de esta historia, que Planificación tiene muy presente.

Muiños es un abogado socio de Campana y del fallecido Aníbal Amigo, estudio comprometido en el concurso de Aerolíneas que por la revisión de un crédito del Banesto no está formalmente concluido. Ahora, también trabaja junto a su colega español Rafael Caro Moya en una causa que se tramita ante el Juzgado 35 de Madrid por el presunto desvío de fondos que Marsans habría hecho del dinero recibido del Estado español para hacerse cargo de Aerolíneas, en octubre de 2001.

Esos recursos debían ir al pago de pasivos y a un plan de inversiones.

Pero, en gran medida, se utilizaron para que Marsans-Air Comet subrogaran créditos (los compraron y se transformaran en acreedores del concurso en el que finalmente intervino como juez y parte) y cubrieran gastos corrientes. Caro Moya está en Buenos Aires y ayer acompañó a Muiños a Tribunales, con la expectativa de que el nexo entre las causas de los dos países apure una resolución pendiente en su país.

Si este trámite prosperase, el concurso de acreedores de Aerolíneas podría resultar inválido y, en tal situación extrema, la empresa volvería a manos del Estado español. “Ya puso 3000 millones de dólares”, destacó ayer ante este diario el vocero de los accionistas privados, sugiriendo que difícilmente haya algún otro aporte europeo para remendar Aerolíneas.