A través de su controlada, Interinvest, la entonces estatal Iberia operó Aerolíneas Argentinas por diez años, con un paréntesis en el que la gestión estuvo a cargo de American Airlines. Lejos de mejorar la performance de la línea de bandera local, ambos comandos la empeoraron, utilizando cosmética contable de dudosa validez para presentar los balances y con decisiones gerenciales que sembraron la sospecha de que la intención era vaciar a la línea local en lugar de dinamizarla.

En el 2001, varios meses antes del estallido económico local, el Estado español asumió su responsabilidad en el derrape de la línea argentina, que había comprado básicamente mediante el mecanismo de capitalización de títulos públicos argentinos. Fue cuando, en virtud de un acuerdo entre los gobiernos, decidió transferírsela a un accionista privado (Marsans-Air Comet) y le dio los fondos necesarios para cancelar el pasivo con el que la línea aérea llegó al concurso y para hacer frente a las inversiones reclamadas.

Esta segunda etapa de la privatización tampoco tuvo un final feliz. Es más: tanto en los tribunales españoles como en los locales se analiza el derrotero que siguieron los 758 millones de euros de entonces, y que el operador privado no habría usado íntegramente para los fines pactados. A través de un procedimiento que el propio Ministerio de Planificación cuestionó por escrito, Marsans subrogó créditos: compró con el dinero del Estado español créditos del concurso transformándonse en acreedor. Luego capitalizó esas acreencias con aumentos de capital. Ahora, el circuito podría cerrarse cobrando por esos títulos de los que se hizo sin aporte propio.

Un acuerdo entre los gobiernos de ambos países hizo que en 2006 el Estado argentino admitiera aprobar los balances que había impugnado por aquel supuesto desvío de dinero. La apuesta local fue esperar que Marsans realizara inversiones genuinas, básicamente para renovar la flota, vetusta y cara de operar. La de España, que el gobierno argentino dispusiera una serie de medidas para mejorar las condiciones del mercado aerocomercial, obligación que honró con cierta demora.

La nueva propuesta del Gobierno es privatizar las líneas aéreas a través de una licitación nacional e internacional. Este camino, iniciado ayer con la transferencia de acciones a favor del Estado, es todavía impreciso en varios sentidos. Entre ellos, si el Estado hará reserva de alguna participación o control.

Con las tarifas actuales, las desgravaciones propiciadas por proyectos de ley y los subsidios a los combustibles, el marco del negocio hoy es más auspicioso. En esta situación general, con la deuda asumida por el Estado, y con el antecedente de que los inversores privados no tienen castigo por sus incumplimientos, es posible que haya quien quiera arrimarse en el futuro.