El juez que entiende en el concurso de Aerolíneas Argentinas descartó la designación de un interventor, tal como le habían solicitado los directores estatales Vilma Castillo y Julio Alak, actual gerente general de la transición reestatizadora, porque ello excedería sus competencias. Pero en la misma resolución firmada el 18 de julio, el juez Jorge Sicoli intima a la empresa y a la Secretaría de Transporte a dar en el plazo máximo de diez días hábiles información precisa sobre los aportes estatales realizados y el objeto de su “imputación”, lo que demuestra que esa asistencia estatal se concretó en un marco de relativa opacidad. Si no cumplen esta orden, que ya vence, entonces sí removerá al directorio y designará él un comando sustituto. La misma norma resulta aún más reveladora cuando considera que la deuda posconcursal “exigible” –que ahora deberá afrontar el Estado– equivale a 600 millones de dólares y no sólo a 240 como sostienen en público los responsables de la privatizada y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Peor aún: el pasivo total podría ser mayor del estimado, en caso de prosperar algunos juicios no previstos en los balances habitualmente maquillados.

“El problema es muy difícil de explicar y la crítica es fácil”, se defendió el presidente del directorio de Aerolíneas y representante legal, Horacio Fargosi, en la audiencia que para el día 15 de julio congregó a todas las partes interesadas en el juzgado. En las mismas actas consta que cuando se le preguntó si existía un plan de normalización para empresa cuya crisis todos denunciaban, aquel directivo sólo dijo “no” y aclaró que “hay factores convergentes y concurrentes en los que la responsabilidad de la empresa es relativa, como el aumento del petróleo”.

La respuesta no satisfizo a Sicoli. La crisis económica y operativa de la que se informó oficialmente en ese cónclave se da en el marco de un concurso aún abierto, pero sin que su juzgado haya tenido noticias sobre la génesis del problema que le estalló en su rostro de juez subrogante (reemplazante y provisorio). De ahí que haya despachado aquella intimación para conocer un plan de normalización, cumplimiento de programas de vuelos, estructura orgánica de la compañía y evolución en los últimos sesenta días de inventario de bienes y deudas, así como flujo de fondos. “Bajo el apercibimiento previsto por el art. 17 de la Ley de Concursos y Quiebras” también exigió tanto a los responsables de la privatizada como a Transporte un detalle de los fondos estatales aportados a la compañía así como su “concepto contable” y “destino” preciso. Según estipula la citada norma, si le faltara la información que debe recibir al finalizar la feria judicial invernal, puede remover al directorio de la línea aérea, nombrando un reemplazo.

El funcionario judicial bien sabe que el Estado se está haciendo cargo del pago de salarios y de la “cobertura de otros gastos urgentes”, situación que se consolida de hecho desde el anuncio de un acuerdo con el accionista privado, Marsans, de negociar una recompra de acciones que permita estatizar Aerolíneas y Austral. La confusión del juez es comprensible, ya que no está claro si el auxilio estatal genera una acreencia a favor de las arcas públicas, es un aporte de capital que hace el Estado como socio (tiene el 5 por ciento de Aerolíneas) o, simplemente, se otorga en condición de subsidio no reintegrable. Situaciones que podrían o no estar consignadas en los habitualmente vidriosos balances.

El acuerdo de recompra de acciones debería formalizarse en el plazo de dos meses a partir del 17 de julio, sobre la base de determinar cuánto valen esas empresas y presuntamente qué debería pagar el Estado por ellas a los españoles. Una alternativa en estudio es que honre esa obligación asumiendo íntegro el pasivo que se generó después del concurso, es decir, a partir del 2001. Según admiten públicamente las partes, éste asciende a 890 millones de dólares, de los cuales sólo 240 serían exigibles de inmediato o en el corto plazo. Es un punto medular.

El monto de esas obligaciones de cumplimiento inmediato perfilan la envergadura de la crisis y cuál es el esfuerzo fiscal que debería hacerse pasa salvarla de la quiebra. Remitiéndose a lo que le informó la sindicatura plural, Sicoli detalla que “el pasivo post concursal asciende a $2.560.565.266” y “el exigible a $1.823.000.000”, más del doble de lo que se informó hasta ahora.

Pero esa carga podría resultar más gravosa aún sin los damnificados del avión de Austral que cayó en Fray Bentos o si la familia de la azafata que voló por los aires cuando intempestivamente se abrió una puerta de un avión tienen éxito en sus demandas contra Aerolíneas por responsabilidad civil. Ese millonario resarcimiento sólo está aludido a través de una nota en los estados contables, pero no técnicamente previsionado. Eso supondría haber consignado en el Pasivo un monto que, en este estado de cosas, finalmente debería desembolsar el “socio bobo” de esta historia, es decir, el Estado.