Los cuatro legisladores opositores de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones van a poner a Julio Cobos nuevamente en el centro de la escena. Los diputados Rubén Lanceta (UCR) y Esteban Bullrich (PRO) y los senadores Juan Carlos Marino (UCR) y Adolfo Rodríguez Saá (Frejuli) le enviarán en las próximas horas una recomendación al vicepresidente de la Nación para que disponga la nulidad del Acta Acuerdo que el Ministerio de Planificación firmó con Marsans para la recompra de las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral. Esa opinión técnicamente fundada de los parlamentarios llegará al despacho que el mendocino tiene en el Senado casi al tiempo que Ricardo Jaime, secretario de Transporte, inaugure hoy a las 15 la ronda de consultas en la Cámara alta, donde, previsiblemente, la reestatización será ley en los próximos días.

Hasta la media tarde de ayer, el cuarteto de integrantes tenía que consensuar algunos puntos menores, pero ya habían cerrado filas en torno de una opinión común bastante fundamentada desde el punto de vista legal. Según el criterio de los opositores, el Acta Acuerdo es nula, ya que no respeta los procedimientos que el derecho administrativo prevé para una operación del Estado.

“Jaime (firmante y promotor del cuestionado documento) actuó como un particular que compra, utilizando la vía de hecho. Eso viola los procedimientos estatales, que siempre deben ser derecho”, explica Lanceta,. uno de los más activos. Bullrich, otro de los firmantes del documento, añade que no es posible una compra sin el permiso del Congreso, otro camino para disponer la eventual nulidad del acta.

Esos argumentos son el corazón del documento que arrimarán a Cobos en las próximas horas, buscando un carril político para bombardear la recompra de acciones de Aerolíneas y Austral en los términos en que la impulsa el oficialismo. Para darle media sanción al proyecto reestatizador, el Congreso excluyó la aprobación del Acta que sigue vigente, aunque con un alcance recortado.

En función de ese acuerdo celebrado con Marsans se estableció un consejo de transición liderado por el Estado, fijándose un término de sesenta días para acordar con los accionistas privados los términos de la transferencia. Esto sigue sin cambios, lo que habilita a Planificación a tomar decisiones económicas y operativas para gestionar a las empresas. También quedan en pie algunas otras condiciones de ese proyectado traspaso, como las que prevén afectar partidas de efectivo al pago de las acciones o aprobar los balances pendientes e informes de gestión al 17 de julio, cerrando de ese modo el camino para revisar lo actuado por los españoles y convalidado por los funcionarios allegados al tema.

El único punto del Acta que estaría subordinado a la ley que el Senado se dispone a alumbrar en las próximas horas es el referido a la tasación. El Acta Acuerdo da cabida a los accionistas privados en la fijación de un precio para transferir las acciones y prevé convocar a una consultora privada para que arbitre en caso de desacuerdo con la cotización estatal. Mientras que el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados excluye la valuación privada y sujeta el valor final al juicio parlamentario.

La Bicameral tiene como única misión respecto del tema Aerolíneas avalar o rechazar el Acta Acuerdo que los diputados no quisieron convalidar junto al proyecto reestatizador. A pesar de esta renuencia, la misión del grupo parlamentario está formalmente pendiente y va por un carril separado al del proyecto de ley que se discutirá en el recinto. Sobre esta base – sumada al hecho de que el documento sigue vigente–, los opositores quieren convocar la acción de Cobos: una apuesta a exacerbar las diferencias que el proyecto reestatizador generó en el seno del oficialismo, como demostraron los cambios que se le introdujeron en el Parlamento a la propuesta oficial.

Con una mayoría garantizada por ocho legisladores sobre doce, es factible que aquella comisión produzca un dictamen favorable, a menos que la presión política congele esta acción. De todos modos, el cuarteto opositor de la Bicameral ya tiene previstos algunos pasos siguientes, como el de acudir al defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, para que tramite la eventual nulidad del Acta ante la Justicia. Pero esa buscada anulación genera una situación singular. Sin Acta no hay acuerdo con los vendedores y la recompra de acciones no es otra cosa que una expropiación.