La Administración Federal de Ingresos Públicos presentó denuncias por evasión impositiva del sector agropecuario que rondan los 300 millones de pesos entre 2006 y lo que va de este año. Recientemente se conoció una resolución de la Cámara Nacional en lo Penal Económico (Sala B), que advirtió sobre la presunta existencia de una asociación ilícita por irregularidades en el cobro de devoluciones en el pago de IVA. Las firmas que se encuentran bajo investigación del fisco son Cargill, Alfred Toepfer, Productos Sudamericanos, Oleaginosa Oeste y Louis Dreyfus, entre otras.

Durante lo que va del año, la cantidad de denuncias presentadas asciende a 170 y los reclamos superan los 140 millones de pesos. Según fuentes judiciales, existió una incidencia manifiesta de las organizaciones delictivas dedicadas a brindar la logística necesaria para la “concreción de importantes defraudaciones fiscales”. En dichas actuaciones, tanto el tribunal como la propia AFIP llevaron adelante medidas probatorias tendientes al avance cualitativo de la investigación.

En el caso de la provincia de Chaco, el juzgado federal de Resistencia libró una importante cantidad de allanamientos con el objetivo de detectar a los integrantes de una asociación criminal que reclutaba personas de bajos recursos y las hacía aparecer como vendedores de cereal, blanqueando así la actividad de los verdaderos productores primarios y alcanzando la evasión una suma cercana a los 10 millones de pesos.

En Córdoba, por otro lado, el fisco detectó el accionar de una presunta organización delictiva con ramificaciones en el noroeste del país que habría reclutado a más de 600 personas en situación de indigencia para inscribirlos como productores de cereal ante la DGI y realizar en su nombre operaciones de venta de granos. La operatoria consistía en la creación de falsos contribuyentes que aparecen facturando el cereal comercializado “en negro” por los productores agropecuarios que se ocultan a través de estas personas.

En lo que respecta a La Pampa, alrededor de quince contribuyentes con domicilio en la provincia deberán explicar al juez federal de Santa Rosa “los motivos por los cuales declaraban en sus presentaciones ante el Fisco haber realizado operaciones de compra de cereales a personas de escasos recursos económicos, a la actividad”, señalaron fuentes judiciales de esa provincia. En los diferentes tribunales también se está investigando la provisión de documentación apócrifa para evadir impuestos o solicitar reintegros por exportación a contribuyentes ubicados en diferentes localidades del país.

Por otro lado, hace algunas semanas el Congreso sancionó la ley que creó la comisión bicameral que investigará la mala liquidación de retenciones por parte de las cerealeras exportadoras. Varias empresas comercializadoras de granos adelantaron el año pasado las declaraciones juradas para la exportación con la intención de saltear el aumento de las retenciones que se aplicó en diciembre de 2007. Los exportadores liquidaron retenciones con un precio más bajo mientras que a los productores les cobraron retenciones con aumento incluido. Esta maniobra fue denunciada por varios legisladores, en base a una investigación realizada por el diputado con mandato cumplido Mario Cafiero. Luego la Oncca profundizó su denuncia ante la AFIP.