Desde la óptica oficial, hay tres actitudes diferentes que lleva a un empresario a decidir despidos en medios de este clima complicado en lo económico y social: porque el negocio ha entrado decididamente en crisis, porque se opta por una medida preventiva antes de que la crisis lo alcance, o porque hay una intencionalidad política en la medida. De los hechos verificados hasta ahora, claramente los primeros, los de empresas en profunda crisis, son los menos, y circunscriptos a firmas medianas o chicas del interior en situaciones muy particulares. Los restantes, sobre todo multinacionales, tienen escasos argumentos, cuando los hay, para echar mano de la nómina de personal como forma de ajuste. Sin embargo, los casos son cada vez más. Un nuevo escenario se está montando.

El pedido que formulara el Ministerio de Trabajo a las cúpulas empresarias para colaborar en la coyuntura, abriendo un compás de espera al menos hasta que pase el verano antes de aplicar recortes en los planteles, en muchos casos se desoyó. Y no son precisamente las empresas más ahogadas las que han tenido una actitud ajena a toda responsabilidad social. Terminales automotrices, una cadena de venta de materiales de la construcción, frigoríficos y algún otro caso más que se anota en la lista han tenido como factor común que se trate de filiales de grupos multinacionales que no la han pasado nada mal en los últimos años. Y ni siquiera ahora puede decirse que hayan entrado en un cono de sombras. En todos los casos, responden a alguna de las dos tipologías señaladas en segundo y tercer término: buscan despedir como una medida preventiva por si vienen tiempos peores, o lo hacen como un mensaje político al Gobierno, buscando crear condiciones de negociación más favorables a sus intereses.

Como en otros planos de la vida económica, muchos actores, sobre todo los poderosos, responden con los reflejos del modelo de los ’90, que en particular en el plano laboral se traducía en abuso y explotación. Y tratándose de multinacionales, consideraban a la Argentina como terreno de prueba y de ganancia fácil. En varios casos, la decisión de despedir o suspender personal nace de la casa matriz, buscando reducir costos en la filial. En otros, es la filial la que toma la decisión para hacer méritos con la matriz. Aunque ni en uno ni en otro las condiciones internas las obliguen a semejante ajuste.

Un ejemplo de lo primero es el de una firma alemana que había decidido despedir gente en su filial argentina porque iba a discontinuar un modelo, que pasaría a producirse en la casa matriz. Frente a la recesión que en Europa sí existe, se “protegía” así al obrero alemán a costa de su par argentino. En otro caso, una casa de venta de materiales de la construcción de origen chileno quiso echar masivamente personal con la intención de seguir trabajando pero a menor costo, una forma de asegurar resultados ante el riesgo de recorte de ganancias que supuso la aparición de un competidor en el mercado local. Dos ejemplos, tan sólo, de abusos empresarios.

Pasada la época más salvaje del neoliberalismo, el Estado ha recuperado algunas herramientas (no todas) de protección del empleo. La suba de las indemnizaciones, está comprobado, no impide que el empleador eche al personal, cuando la decisión está tomada. Pero todavía existe el llamado “procedimiento preventivo de crisis”, por el cual una empresa no puede decidir despidos masivos sin antes demostrar la necesidad o la ausencia de salidas alternativas. Un procedimiento que requiere la intervención del Estado y de los sindicatos. Una de las condiciones que dificulta los despidos es, por ejemplo, que la empresa haya obtenido fuertes ganancias durante los últimos años, porque no se justificaría que deje en la calle a trabajadores ante el primer atisbo de recorte de su tasa de ganancias. ¿Les sonará conocido a las automotrices y autopartistas el ejemplo? De paso, valdrá recordarles, a ellas y muchas más, la vigencia de las leyes laborales.