La calificadora de riesgo Standard & Poor’s castigó a la Argentina bajándole la nota de solvencia. Pese a que hasta los economistas de la city reconocen que “aún en peores escenarios” el cumplimiento del programa financiero de este año y el próximo está asegurado, para la agencia aumentó la posibilidad de una cesación de pagos. S&P, junto a Fitch y Moody’s, atraviesan una grave crisis de legitimidad, luego de haber calificado con riesgo casi nulo (AAA) a los instrumentos estructurados con las hipotecas subprime. Como las agencias siguen a la manada, no sería extraño que en los próximos días alguna de sus competidoras revise a la baja la evaluación de Argentina.

Para S&P, la disminución en la nota pretende “reflejar crecientes preocupaciones acerca del deterioro en el ambiente político y económico y su impacto en la situación fiscal”. Desde el Ministerio de Economía señalaron que “los argumentos utilizados para bajar la calificación son insostenibles y muestran un desconocimiento total de la real situación social, económica y financiera de la Argentina”. La nota pasó de B a B “menos” porque los analistas de la agencia estiman que el crecimiento experimentará un “fuerte retroceso”. En esta oportunidad, los analistas de S&P advierten sobre el impacto de la caída en el precio de las materias primas agrícolas en el resultado del sector externo y se muestran preocupados por la “sorpresiva iniciativa de transferir nuevamente al Estado el sistema privado de pensiones”. Vale mencionar que el fin de las AFJP, no sólo implica el cierre de un jugoso negocio de comisiones para las administradoras sino que también alcanza a las calificadoras. Las agencias experimentarán una reducción en sus operaciones de evaluación de activos, como bonos corporativos y fideicomisos, para esas entidades.

De todas maneras, desde las firmas afirman que en términos de facturación es una actividad secundaria. El descrédito sobre las “notas” que otorgan las agencias a las emisiones privadas y la sospecha de que el puntaje se define según el monto que el cliente esté dispuesto a pagar sin considerar el riesgo para los inversores, llevó a la Securities and Exchange Commision (SEC, ente regulador del mercado financiero de Estados Unidos) a auditar las compañías y proponer una serie de reformas para transparentar el cuestionado proceso de calificación. El informe de la SEC revela cómo los analistas de las compañías reconocían que estaban puntuando colocaciones sin precisa información que les permitiera conocer el riesgo del producto que estaban evaluando.

“La situación económica global se está deteriorando y Argentina no es la excepción. Pero el comportamiento de las calificadoras de riesgo y la relevancia que se le da desde ciertos sectores revela su esfuerzo por crear incertidumbre y generar pesimismo y angustia”, apuntó a PáginaI12 Ricardo Aronskind, investigador de la Universidad de General Sarmiento. Durante los noventa, las firmas levantaban la nota de los países apenas se anunciaban las privatizaciones y sostuvieron la evaluación positiva de la convertibilidad hasta el default. Antes de la crisis asiática de 1997 aseguraban que las emisiones de las empresas de Corea del Sur eran casi tan seguras como los bonos del Tesoro norteamericano. Este año, previo al recrudecimiento de la crisis financiera, las agencias otorgaron el grado de inversión a Brasil. Meses después la economía brasileña experimentó una fuerte fuga de capitales que lo llevó a devaluar abruptamente su moneda y gastar 50 mil millones de dólares de sus reservas en un día para calmar a las fieras. “Desde el punto de vista de la confiabilidad los informes de las agencias son pobres, pretenden estar elaborados con una técnica precisa y rigurosa pero son análisis con una fuerte valoración ideológica”, argumentó el economista.