En las últimas semanas el Gobierno expuso la principal razón por la que aspira a sostener el nivel de los Derechos de Exportación a la soja: la necesidad fiscal. Para este año se estima que la actual alícuota de ese arancel dejará en las arcas del Tesoro aproximadamente 20 mil millones de pesos. La actual crisis económica internacional, como mínimo, desacelerará el ritmo de la recaudación. Entonces, la decisión de mantener, reducir o eliminar las retenciones es una discusión que define ¿quién pagará la cuenta de la crisis? Hasta el momento ninguno de los que propone modificar el esquema actual propuso reemplazarlo por un gravamen a otro sector económico. Por lo tanto, lo que están pensando es cargar la cuenta sobre la sociedad toda, ya sea por medio de un ajuste de gastos del Estado o aumentando el endeudamiento.

Detenerse en el nivel de los Derechos de Exportación de la soja sólo en el tema fiscal significa restarle importancia a una serie de perjuicios que trajo consigo el impresionante desarrollo de la oleaginosa en el campo. En el libro Consecuencias económicas de la soja transgénica, el economista Javier Rodríguez las explica con precisión. La explosión del cultivo de soja surgió en 1996, luego de que en el país se generalizara el uso de la resistente y rendidora semilla genéticamente modificada. En diez años (1996-2006), sólo en la región pampeana, la superficie sembrada de soja pasó de 5,6 a 12,6 millones de hectáreas. En el resto del país el crecimiento fue aún mayor: pasó de 6,2 a 15,6 millones de hectáreas. El 84,8 por ciento de este avance se hizo reemplazando a otros cultivos. Así se perdió el 10 por ciento de la superficie cultivada de yerba mate, el 15 por ciento de la superficie destinada al té, el 22 por ciento de la de arroz, el 31 por ciento de la de avena, el 43 por ciento de la de girasol, el 60 por ciento de la de algodón y el 81 por ciento de la de lino.

Este corrimiento generó una serie de perjuicios económicos y sociales. En primer lugar se fue concentrando las exportaciones agropecuarias en un solo cultivo y pocos clientes, siendo China el principal. Además, la importante reducción de algunos cultivos generó una fuerte suba de los precios internos de esos productos y de sus derivados. Algunas caídas son tan pronunciadas que amenazan la soberanía alimentaria del país. El crecimiento de la soja sobre los otros cultivos generó también una fuerte concentración de la producción, una caída de la masa salarial de los empleados del campo y la migración de población de la zonas rurales.

Un caso paradigmático del aumento de precios internos debido a la reducción de la producción es el incremento del precio del aceite de girasol: subió 547 por ciento desde la salida de la convertibilidad, el doble del aumento de la oleaginosa en el mercado internacional en el mismo período. En cuanto a la soberanía alimentaria, uno de los negocios que más sufrió el fuerte impacto por el desarrollo de la soja fue la cría y engorde de ganado. El equipo de trabajo de Javier Rodríguez elaboró un escenario alternativo para estimar cuál hubiera sido la producción ganadera si no hubiera perdido terreno frente al área de expansión de la soja en una década. Aun con el avance del feedlot, la producción ganadera perdió un 40 por ciento de crecimiento potencial.

La soja está concentrada en los grandes productores. Los que trabajan más de 1000 hectáreas destinan el 66 por ciento de la superficie de la que disponen al cultivo de soja; los que explotan menos de 1000 hectáreas utilizan el 46 por ciento para la oleaginosa; los que trabajan hasta 50 hectáreas, sólo el 18 por ciento. La razón es que la explotación de soja requiere de un paquete tecnológico que no está al alcance de los chacareros con menor poder adquisitivo. Por otra parte, el cultivo de la soja genera menos puestos de trabajo que el de cualquier otro cultivo. Con datos del INTA, la Secretaría de Agricultura y la revista Márgenes Agropecuarios, Rodríguez estimó una pérdida de 1854 millones de pesos del total de la masa salarial en el sector agropecuario entre 1996 y 2006. La concentración de la producción y la reducción del empleo trajeron como consecuencia una caída de la población rural. Tomando el caso de Córdoba, la principal provincia sojera, en el censo 2001 vivían en ese distrito 3,06 millones de personas, de las cuales 343 mil residían en zonas rurales. En la comparación con el censo 1991 se observa una suba de la población total del 10 por ciento y una caída de la rural del 22,7 por ciento.

La conclusión de este trabajo es que la impresionante evolución de la soja fue una fiesta para pocos. Mantener una fuerte diferencia entre los Derechos de Exportación de la soja y el resto de los cultivos es una estrategia adecuada para frenar este proceso. Además, disminuir la alícuota significaría resignar miles de millones de pesos de recaudación, que irían a parar en su mayor parte a unas pocas manos.