La actual administración comenzó bien cuando apenas un año atrás se plantó, no sólo discursivamente, frente a los reclamos de los sectores más privilegiados de la sociedad. Decirle “no” a la reacción de las corporaciones agropecuarias frente a la adecuación técnica de una herramienta macroeconómica fiscal no fue pura confrontación, sino advertir que el consenso de los afectados no puede ser, por definición, el camino para aquellos actos de gobierno que suponen redistribución de rentas extraordinarias.

Sin embargo, la “opción por los ricos” asumida por buena parte de las clases medias urbanas, sustrato de la voluble opinión pública, permitió que los sectores más reaccionarios de la sociedad capitalicen las no siempre inmerecidas corrientes de descontento. Lo paradójico es que mientras el capitalismo global avanza sin horizonte hacia una crisis histórica, puertas adentro el cobro de un arancel a los más privilegiados se convirtió en la divisoria de aguas principal. A diferencia de las democracias avanzadas, el antagonismo central de la política local no es hoy Gobierno-oposición, sino Gobierno-corporaciones agropecuarias; contraposición que reagrupa tras las demandas de los terratenientes y arrendatarios de la Pampa Húmeda a los restos de las clases políticas que condujeron los fracasos sistémicos de las últimas dos décadas del siglo XX: el panradicalismo y el neomenemismo devenidos en guardianes del ancien régime.

Mientras el Gobierno demostró en sus actos que lee la crisis internacional y reconoce los problemas de mayores costos y menores precios externos de las economías regionales –las rebajas en las retenciones a los cereales, la fruticultura y a la vitivinicultura son en este sentido paradigmáticas–, las corporaciones agropecuarias continúan aferradas a una baja indiscriminada de las retenciones sojeras, su bandera última. Cuando la única respuesta admisible es la de máxima, el diálogo se torna imposible y la búsqueda de consensos, ilusoria. El antagonismo principal de la política local determina, a su vez, que en un año electoral esta ilusión se torne aun más esquiva.

Si la actual administración quiere ser coherente con su propio discurso, el camino no es sólo blandir la reforma estructural del comercio exterior de granos, sino llevarla adelante con la misma velocidad con que se erradicó el nefasto sistema de las AFJP. Esta decisión le ganará más adhesiones que cualquier sumatoria de concesiones o la prosecución de alianzas perdidosas y contra natura en sofocados feudos provinciales.

Puede imaginarse también que a medida que la crisis internacional afecte inevitablemente los bolsillos de los sectores medios que gustaron de optar por los más ricos, comenzarán a sentir menos empatía por la prestancia cada vez más oronda de la sobresatisfecha dirigencia agropecuaria. La ostensible acumulación de kilos dirigenciales, emergente del arte de la comparación fotográfica intertemporal, puede también ser una flaca contribución a la credibilidad de su perpetuo lamento. En fraseología de un viejo líder radical, la sociedad podría comenzar a darse cuenta de que a estos gorditos no les va nada mal.

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