La baja en el índice de precios de Alimentos y bebidas para febrero, según la medición del Indec, arrastró para abajo el valor de la canasta básica alimentaria, con la cual se compara el nivel de ingresos de la población para medir la indigencia. En tanto, la canasta básica total – referencia para medir la pobreza– aumentó 0,27 por ciento, por debajo del índice general de precios que creció 0,4 por ciento.

El aumento acumulado a lo largo de un año de la canasta básica total es de apenas 0,2 por ciento. El cálculo de las necesidades de presupuesto de una familia tipo para no ser pobre habría alcanzado en febrero, entonces, a 990,96 pesos.

La evolución de la canasta básica alimentaria en febrero, en tanto, marcó una rebaja respecto del mes anterior del 0,36 por ciento. En consecuencia, una familia tipo con ingresos que simplemente superaran los 441,74 pesos podría considerarse no indigente.

El factor principal que marca la estabilidad o el descenso del valor de las canastas básicas (total y alimentaria) es la evolución del precio de la carne. Este rubro, según el Indec, se abarató en febrero otro 1,7 por ciento, acumulando en los últimos diez meses una disminución de 15,4 por ciento. También registró un fuerte descenso a lo largo de los últimos meses el rubro Aceites y grasas, pero con menor incidencia en el cálculo de las canastas. Aunque sin variación en febrero, en los últimos diez meses observó una disminución del 25,4 por ciento.

Estos resultados estadísticos provocan que las tasas de indigencia y de pobreza exhiban una persistente caída, incluso en los meses recientes, cuando se observan una fuerte reversión en los indicadores sociolaborales, consecuencias del impacto de la crisis mundial en el ámbito doméstico.

Desde sectores de oposición y en círculos gremiales –trabajadores de ATE Indec– se cuestiona la veracidad de las mediciones. Otras observaciones técnicas, en tanto, señalan discrepancias con respecto a la metodología de toma de datos, que estaría privilegiando el seguimientos sobre comercios y productos encuadrados en acuerdos de precios con el Gobierno, pero no sobre lo que sucede en otros espacios con menos vinculación institucional con este tipo de convenios.