El peor momento de las negociaciones del Gobierno con el FMI dio aire a la Corte Suprema en el debate sobre el corralito. Un sector del tribunal quiere apurar un fallo que deje sentada la inconstitucionalidad de las restricciones bancarias y promueva la devolución de ahorros en moneda de origen. Esa sentencia se daría aprovechando que en los próximos días el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, dictaminaría en ese sentido. Algunos jueces vienen a su vez intentando, sin eco, la firma de un pronunciamiento para frenar los amparos –algo que pidió expresamente el Ministerio de Economía y que exige el Fondo–, aunque buscan una fórmula para garantizar que los ahorristas recuperen con el tiempo todo su capital.
El incumplimiento al Banco Mundial les da más comodidad a los ministros de la Corte para pronunciarse sobre el corralito y la pesificación, sobre todo si quisieran sacar un fallo polémico sin que los culpen por sus posibles efectos. De todos modos, están preocupados por cuidar hasta el más mínimo movimiento y ayer había versiones de que hoy mantendrían conversaciones con funcionarios del Gobierno.
En los últimos días la Corte evaluó varias alternativas, pero por ahora no resolvió nada y el próximo acuerdo sería recién el martes. En medio de la negociación con el FMI, el ministro Antonio Boggiano intentó impulsar un proyecto para frenar la devolución de ahorros, pero previendo que en los bancos quede asentada una proporción de cada depósito y otra en el Banco Central. Eduardo Moliné O’Connor planteó la posibilidad de que las deudas de los bancos con sus clientes queden registradas en los libros contables del BCRA.
Ninguna fórmula destinada a poner coto al goteo de fondos aún logró consenso entre los cortesanos. Incluso días atrás hubo iniciativas en ese sentido que contaron con apoyos que ahora están en duda, como el de Carlos Fayt y Augusto Belluscio. De todas maneras, el freno a los amparos sería una medida transitoria previa a cualquier resolución sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la validez del corralito. Y ayer algunos ministros analizaban la posibilidad de acelerar una definición sobre ese tema, más aún teniendo en cuenta que Becerra dictaminaría en los próximos quince días la inconstitucionalidad de todos los decretos sobre restricciones bancarias. El procurador ya tendría escrito ese pronunciamiento, pero al parecer postergó su firma para evitar interferencias en las negociaciones con los organismos.
Los mismos supremos que vienen alentando la redolarización de los depósitos (Julio Nazareno, Guillermo López, Moliné O’Connor y Adolfo Vázquez) estarían dispuestos a sostener la misma postura que adoptaron en el caso “Smith”, donde cuestionaron la legalidad del corralito.