Después de que la semana pasada cerca de veinte empresarios del sector Pyme hubieran defendido enérgicamente la política de regulación de importaciones en una reunión con la ministra de Producción, Débora Giorgi, ahora se sumaron la Confederación General del Trabajo (CGT) y empresarios metalúrgicos. Ese respaldo se hará formalmente en una solicitada que se publicará en los próximos días. Empresarios del cuero y calzado también reiteraron ese apoyo a la estrategia oficial. Ese acompañamiento se complementó a la buena sintonía que logró la delegación argentina en la reunión de comercio bilateral con sus pares brasileños.

En una reunión con la ministra de Producción en el Palacio de Hacienda, los sindicalistas Antonio Caló (UOM), Jorge Lobais (Textiles), Agustín Amicone (Calzado), junto con el empresario Osvaldo Cornide (Came), ofrecieron su apoyo a las políticas oficiales. Para difundirlo se elaboró una solicitada que en estos días se hará pública. Lleva la firma del titular de la CGT, Hugo Moyano, y señala que “ante el fuerte lobby de sectores vinculados con la importación y de gobiernos extranjeros para que Argentina cambie su política de protección industrial” la central sindical y la CAME “reiteran su apoyo a las medidas dispuestas por el Ministerio de la Producción”.

Por su parte, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) también respaldó las regulaciones a la importación y dijo que en el actual contexto internacional obliga a “preservar a la industria nacional, que no podría competir con precios de dumping generados por los sobrestocks de la crisis mundial”.

La defensa de sindicatos, pymes y empresarios metalúrgicos contrastan con las críticas de las cámaras que aglutinan a las empresas de mayor tamaño, como la Unión Industrial Argentina o la Asociación Empresaria Argentina, los industriales brasileños más pesados agrupados en la Federación de Industrial del Estado de San Pablo y los gobiernos de Uruguay y Paraguay. Para los que apoyan la regulación se trata de cuidar los puestos de trabajo nacionales en este contexto de mucha presión por colocar excedentes. Los argumentos opositores se basan en el exceso de intervencionismo estatal y el deseo de liberalizar mercados. Según afirman desde el Ministerio de Producción, las licencias “regulan la entrada de productos con precios subsidiados, que tendrían impacto negativo en la producción nacional”.