Sensibilizado por la inesperada reacción que provocó un cargo extra en las boletas de gas dispuesto nueve meses atrás, esta vez el Gobierno jugó al anticipo. Ante el sólo indicio que arrojó un aumento en los reclamos por facturación que reciben el ente regulador de la electricidad, y una vez verificado que hubo casos de abusos evidentes, puso en marcha un mecanismo de control pocas veces utilizado: establecer un período de revisión y análisis de la facturación y aplicación del cuadro tarifario, disponiendo además la inhibición para las empresas de distribuir las facturas con consumos superiores a los 1000 kilovatios/hora bimestrales (ó 500 kv/h mensuales) hasta que culmine la verificación. Proceso que, por otra parte, no tiene fecha.

En las empresas distribuidoras (Edenor, Edesur y Edelap) no ocultaron el asombro. Como en los casos policiales en que un personaje secundario pasa a ser de golpe el sospechoso, los prestadores reaccionaron con expresión de “y a mí, ¿por qué me miran?”. Como si fuera su coartada, recordaron que el único aumento aplicado desde el invierno anterior hasta ahora, por Resolución 628/08 y en vigencia desde el 1º de octubre de 2008, implicó “un aumento en la tarifa que no beneficia en nada a las distribuidoras, porque sustituye el subsidio anterior y por lo tanto nosotros cobramos lo mismo, la diferencia a favor es del Estado”.

Pero estos argumentos nada dicen del aumento en los reclamos por facturación de los clientes ante el ENRE. Y que en algunos casos se verifica efectivos abusos por volúmenes facturados que no se condicen con el consumo posible en el hogar de que se trata, o aumentos de valores respecto del bimestre anterior con igual consumo.

La propia resolución que anoche se redactaba en el ENRE –aún sin firma– daba cuenta del aumento de reclamos pero sin abrir juicio, como sí lo hizo el ministro De Vido al hablar de “exceso de errores”. “Se ha verificado un significativo incremento de casos de usuarios residenciales T1 R con consumos superiores a 1000 kilovatios/hora bimestrales, con reclamos por exceso en las facturaciones de las concesionarias de distribución de energía eléctrica”, redactaban anoche los reguladores.

“Es necesario verificar si dichas excepciones están siendo correctamente aplicadas por las concesionarias, así como que no se han producido errores en la aplicación del cuadro tarifario establecido por Resolución 628/08”, agrega la disposición del ente.

De Vido puso bajo sospecha a las tres empresas distribuidoras eléctricas que dependen de la regulación nacional (en el resto del país son de jurisdicción provincial). Alguna puede sentirse injustamente inculpada. Pero lo fundamental, desde el punto de vista del Gobierno, era poner en claro ante cientos de miles de sus clientes que “no hubo autorización alguna de aumento” de la tarifa, más allá de la dispuesta en octubre último. Y que las autoridades nacionales saben que hubo errores, en exceso. Y que los revisarán y obligarán a corregirlos.

El otro dato es que, esta vez, la regulación puso en marcha los mecanismos de control ante la primera alarma. No debe ser simpático para las empresas que las inhiban de distribuir las facturas entre sus principales clientes, y por un tiempo incierto, el que demande la revisión de la facturación. ¿Exceso de celo ante errores que pueden no ser generalizados? ¿O aprendizaje tras el ruido por el cargo extra en las facturas de gas? Quizás, ambos. Y no está mal que así sea.