¿Habló por teléfono alguna vez con el presidente de la empresa que emitió facturas apócrifas en el caso Skanska?

–No, nunca. Yo jamás opino sobre los procesos judiciales que están en marcha y soy muy respetuoso de las decisiones que tome el juez Oyarbide. El está en todo su derecho de requerir la información necesaria para llevar a buen puerto la causa que está en sus manos. Yo coincido con el ex presidente Néstor Kirchner en que es un claro caso de corrupción entre privados. Seguramente el tiempo me va a dar la razón. Es importante el estudio que hizo la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en relación con la actuación de Enargas en el tema, que dice que no hubo sobreprecios. Si vamos a la primera declaración que hizo Félix López, el titular de Infiniti, acusado de vender facturas truchas, donde él decía que el destino de esos recursos era seguramente el Ministerio de Planificación, porque es la cartera que maneja más recursos, queda claro lo endeble de su argumentación. Creo que el envío de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual más el tema de la digitalización que abrirá nuevos canales de aire puso nerviosos a algunos que escriben estas cosas.

–Pero el juez no pidió los llamados suyos y de sus funcionarios por lo que dijo un diario, sino por los dichos de López.

–En realidad, el juez se basa en declaraciones que hizo hace un tiempo el mismo López a un portal de noticias, no a sus dichos en el juzgado.

–¿Para qué era el dinero negro generado con las facturas apócrifas si no era para pagar sobornos?

–Debe haber sido para pagar sobornos entre privados. La corrupción no está sólo en los Estados. Por eso digo que es un caso de corrupción entre privados. La empresa que está investigada tuvo problemas de este tipo en otros países.