El nuevo lockout campero empezó con mojada de oreja: “Que no vaya a salir la Presidenta a provocar como lo hizo el año pasado. Si lo hace, en cinco minutos la gente está arriba de la ruta”, se despachó el jefe de acción directa&afines de la patota agraria. Vale contextualizar que la amenaza de volver a tomar de rehén al conjunto de la sociedad corresponde al dirigente de un grupo que está confrontando con el Gobierno. No es la actual administración que confronta con las corporaciones de la Pampa Húmeda, sino al revés. Y esto es así más allá de los esfuerzos de los socios mediáticos para subvertir la secuencia. El Gobierno no agregó hechos nuevos al conflicto con el agro pampeano. Un extraño desliz parlamentario suspendió, por omisión, las retenciones en 37 partidos de la provincia de Buenos Aires. Un dirigente agropecuario se apresuró a decir que “exportarían todo” desde las regiones exceptuadas. Las desmentidas de sus colegas aclarando que la suspensión era en realidad otra cosa no alcanzaron. El veto presidencial, una facultad absolutamente constitucional y republicana, diseñada incluso para situaciones como la que se trata, no tardó en regresar las cosas a su lugar. El sistema político argentino no es parlamentarista.

Eduardo Buzzi, quien abandonó hace rato las reminiscencias culposas de los primeros tiempos de la entente oligárquica, fue transparente y puso en perspectiva los objetivos del nuevo lockout: “Lo que iniciamos es mucho más que una protesta, es un proceso gradual que apuntará a llegar a diciembre con una fuerte movilización para gritar fuerte contra la vetocracia que se viene”. Transcurridos dos meses, a la agrocracia todavía le dura la borrachera del 29. Sigue creyendo que son el nuevo gobierno como leyó el titular de la Sociedad Rural. Son un poder fáctico, sí, pero no gobiernan. Los economistas afines hicieron lo imposible por demostrar que las retenciones al trigo y al maíz eran en realidad algo menor para el fisco, pero no hubo caso. A la soja, en tanto, no hay con qué darle. Los empresarios del campo siguen relatando sus tremendos padecimientos por la acción gubernamental, pero se viene otra cosecha record y con precios internacionales bien arriba. Con el actual esquema de retenciones la sojización es imparable. Para algunos voceros, en consecuencia, el lockout no sería una respuesta al veto, sino una actitud preventiva tanto contra potenciales aumentos en las retenciones sojeras como para reagrupar a la tropa, propia y paga, con vistas a la acción parlamentaria a partir de diciembre.

Alguna vez los acontecimientos actuales serán leídos en los libros de historia. La historia, como mejor lo saben los historiadores, es también un conjunto de versiones más o menos sistematizadas. Pero la sistematización obliga a contextualizar. Y esa historia, al margen de la ideología del lector, no será la de los avatares de la república supuestamente acosada por una imaginaria “vetocracia”, sino la de un tiempo en que una corporación de ricos y satisfechos empresarios de la facción agraria de la burguesía prepotearon a un gobierno popular. También se recordará que ello ocurrió, en parte, con el consentimiento de las volubles clases medias, siempre condenadas a hacer propio el discurso de los poderosos por ese singular horror que les provoca su proximidad con “los de abajo”. Tal vez se agregue el dato de etapa de transición o de consolidación del cambio estructural hacia un nuevo patrón de acumulación. Es pronto para decirlo. Mientras tanto, la agrocracia enfrenta el riesgo de ver dañado uno de sus principales instrumentos de lucha. Si el monopolio mediático retrocede será para ella un poco más difícil “construir realidad”.

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