Desde 2003, la estrategia del Gobierno fue ir aumentando la jubilación mínima que estaba sumamente retrasada después de más de diez años de congelamiento, agravados por la reducción nominal del 13 por ciento aplicada por la ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza, Patricia Bullrich. Primero por decreto y después mediante la ley de movilidad jubilatoria, la prestación mínima acumuló una variación de 598 por ciento. Esos haberes se pagaron en el marco de un sistema previsional que amplió significativamente su cobertura al incorporar a más de 2,5 millones de ancianos cuyos aportes eran insuficientes (o nulos) para cobrar una jubilación.

“El sistema argentino es el más igualitario y de mayor cobertura de América latina y produjo entre los ancianos menos desigualdad que entre los adultos”, dicen desde el Ceil-Piette. Entre 2002 y 2010 se aplicaron 18 aumentos a la mínima. Así, la prestación que cobran tres cuartas partes de todos los beneficiarios pasó de 150 a 1046 pesos.

Hoy, el haber más bajo representa alrededor del 60 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil, y menos del 40 por ciento del promedio salarial de los trabajadores registrados del sector privado. Los que ganaban 200 pesos cuando empezó la gestión de Néstor Kirchner lograron hasta el momento una mejora cercana al 600 por ciento. Mientras tanto la cobertura pasó de un piso del 52 por ciento bajo el sistema de capitalización en 2005 hasta el 87 por ciento de las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años.