La decisión oficial de disolver la Oncca volvió a dejar en evidencia las diferencias que separan a Federación Agraria del resto de las entidades de la Mesa de Enlace. El presidente de la entidad, Eduardo Buzzi, manifestó que “hay mucha desconfianza” de parte de sus colegas, lo que consideró “lógico”, pero enfatizó que “hay que mirar lo positivo, y lo positivo es que el Gobierno empezó a escuchar, que está claro que advierte que la Oncca que funcionó hasta ahora fue un lugar de corrupción, de discrecionalidad, de sospechas, de clientelismo”.

“Hay un oído puesto en lo que la sociedad, los productores veníamos reclamando, y hay que valorar eso de parte del Gobierno, de la Presidenta, que seguramente ha tenido que ver con esta decisión, del ministro (de Agricultura) Julián Domínguez en todo caso”, agregó. El presidente de Confederaciones Rurales, Mario Llambías, se mostró, en cambio, escéptico con respecto a que cambie la política del Gobierno hacia el campo con la disolución de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), al sostener que las últimas medidas del Gobierno apuntan a “profundizar este sistema”.

“Esto es un poco más de lo mismo. Pensamos que el sistema es malo en su conjunto. Se ha creado un régimen perverso para la producción, lo vemos estos días en la venta de trigo y creemos que esto va a continuar su camino”, consideró el dirigente. Además, les restó trascendencia a las áreas que asumirán las funciones que cumplía la Oncca ya que, señaló, “a mí me preocupan las políticas, no los funcionarios, y (el secretario de Comercio Interior, Guillermo) Moreno es un ejecutor de las políticas que le impone la Presidenta”. Biolcati coincidió con Llambías al afirmar que “su disolución es sana y un paso positivo, pero no hay que esconder la tierra debajo de la alfombra”.

En el plano político, el diputado opositor Francisco de Narváez dijo “la medida es un reconocimiento a un nuevo fracaso del kirchnerismo en su relación con los productores y las entidades rurales. Que este maquillaje preelectoral no intente tapar las numerosas investigaciones que realiza la Justicia para determinar cómo millonarias sumas de dinero han sido cobradas por empresas fantasma”. Ricardo Gil Lavedra, legislador del radicalismo, puso el foco en el decreto que sorteó al Congreso y afirmó que “esto constituye una grosera violación de la Constitución y una grave afrenta al Poder Legislativo. Es absurdo por donde se lo mire. La Presidenta vuelve a burlarse del Congreso nacional y profundiza el ejercicio autoritario del poder”. Por último, el ex gobernador Felipe Solá agregó que “la memoria de lo hecho en la Oncca por el gobierno kirchnerista no se cierra: la corrupción no se disuelve por decreto”.