Ricardo Gutiérrez fue titular de la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria, y en la actualidad integra la comisión directiva. En una entrevista con Página/12 , analizó el impacto del proyecto de ley para regular a las empresas de medicina prepaga.

–¿Los aumentos que aplican las empresas en sus cuotas se relacionan con su estructura de costos?

–No existe en el sistema una estructura de costos muy clara. La explicación que dan para aumentar sus cuotas tiene que ver con los incrementos salariales del gremio de la salud. En el último acuerdo se llegó a una suba salarial del 30 por ciento. La trampa está en que las empresas aplican ese 30 por ciento a todos sus gastos, cuando los salarios representan sólo el 40 por ciento de la estructura de costos de un sanatorio. Por ejemplo, los medicamentos aumentaron en un año un 12 por ciento y los insumos importados se movieron poco.

–¿Y cómo impactan los aumentos de costos en las obras sociales?

–Las obras sociales no pueden trasladar los incrementos a las cuotas. Cuando aparece una nueva prestación, y el Ministerio de Salud la incorpora, la prepaga aumenta la cuota. Cuando apareció el Programa Médico Obligatorio (PMO), las prepagas comenzaron a aplicar un adicional por este plan, a pesar de que la ley 24.754 obliga a los privados a brindar como mínimo las mismas prestaciones que las obras sociales.

–Las obras sociales suelen tener mala prensa por las denuncias relacionadas con su gestionamiento. Desde el punto de vista médico, ¿cuál es la diferencia con las prepagas?

–En realidad, las empresas privadas funcionan bien en el primer nivel, en el acceso a la primera consulta, siempre hay un centro de atención cercano. En cambio, las obras sociales funcionan mejor en los tratamientos de alta complejidad. Esta es una constante. Las barreras están invertidas. Cuando aparecen las complejidades, baja la calidad de atención de las EMP.

–¿Hay casos donde las prepagas se niegan a dar las prestaciones del PMO?

–El PMO es un piso y no un techo. Lo que está identificado en este programa no son las enfermedades en sí, sino los medios de diagnóstico que deben ser cubiertos, como las resonancias magnéticas. El medicamento en sí no está incluido, por eso las prepagas pueden negarse a otorgarlo. El problema central de todo esto es que no existe una autoridad de aplicación específica que les aclare a las prepagas que el PMO es lo mínimo que tienen que brindar. Ante cualquier problema, los afiliados ahora sólo pueden recurrir a la Justicia. Con esta ley, el Ministerio de Salud podrá tomar cartas en el asunto.