“Fue una sorpresa para ambos sectores, pero la tomamos con tranquilidad.” Esa fue la respuesta que dio a Página/12 una de las principales petroleras que operan en el país, en relación con el decreto publicado ayer por el cual se obliga a liquidar divisas en el país a las compañías de hidrocarburos y mineras. Si bien ninguna de las empresas involucradas se esperaba una medida de estas características, fue evaluada como “lógica”, ya que tiende a equiparar las obligaciones entre los distintos rubros exportadores del país. Así también lo señalaron desde la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM).

El régimen que exceptuaba a las mineras de liquidar en el país las divisas producto de sus exportaciones fue implementado en 2004. En el caso de las petroleras, la norma se había establecido en 1989 con el objetivo de que YPF pudiera conseguir créditos estructurados en el exterior, a cambio del petróleo. Esto se dio en el Plan Argentina. “Durante el menemismo, la norma terminó por beneficiar más a las compañías extranjeras. Es saludable que se haya fijado este decreto”, explicó a este diario el economista Carlos Leyba.

“Todos los países desarrollados del mundo obligan a las compañías mineras a liquidar sus exportaciones en el país de origen, así que no creo que el sector se ponga en contra de esta iniciativa”, explicaron desde CAEM, entidad que nuclea a las empresas metalíferas, no metalíferas, cámaras provinciales y la cadena de valor del sector.

De todas maneras, los empresarios están aguardando la instrumentación de la medida, para conocer en detalle los posibles impactos en sus balances. Pero para ganar tiempo, están solicitando audiencia con el Ejecutivo, ya sea con Jorge Mayoral, el secretario de Minería, o con Amado Boudou, ministro de Economía y firmante del decreto 1722/11.

Desde el sector minero reconocieron que la hipótesis que manejaban era una modificación en el sistema de regalías o en los derechos de exportación, tema más ríspido que la liquidación local de las divisas. El régimen de retenciones fue modificado a finales de 2007, van de un 5 a un 10 por ciento y recaen sobre 14 compañías aproximadamente. El lobby de estas empresas las llevó a realizar varias presentaciones judiciales, basándose en la normativa que le garantiza al sector estabilidad fiscal. Sin embargo, ese lobby no prosperó en tribunales.

Otro de los temas ríspidos para el sector involucra al código minero, que permite entre otras cosas la minería a cielo abierto, proceso discutido desde un punto de vista ecologista.