Entre contactos previos, la reunión plenaria en sí y las conversaciones posteriores antes de cerrar el acta, cada reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria demanda varias horas. Pero los funcionarios del Ministerio de Agricultura no ocultan su entusiasmo. “Están saliendo todas las resoluciones por acuerdo de toda la mesa y eso incluye a los cuatro integrantes de la Mesa de Enlace”, evalúan en privado quienes trabajan junto al ministro Norberto Yauhar. Aunque no es así como se expresan en público los dirigentes, desde la vereda oficial confían en poder continuar “con el muy buen clima” que creen haber alcanzado en estas primeras reuniones.

“Hoy el tema es la emergencia, lo demás quedó de lado”, aseguran que es el punto de acuerdo alcanzado con las entidades para poder avanzar con los mecanismos de ayuda inmediata a los productores más afectados por la sequía. Otros reclamos que habían sido planteados inicialmente por los dirigentes rurales en las primeras declaraciones ante la emergencia, como la baja o eliminación de las retenciones a las exportaciones, parecieran haber sido dejados al margen. “Ya llegará el momento de tratar estos otros temas”, prometen.

El instrumento que se habría convertido ahora en el eje de la política de rescate a los productores es la ayuda financiera. Los créditos a tasa subsidiada que el ministerio espera poder ofrecer en la próxima reunión –a partir del fondeo de la banca pública– “será para una gran porción de productores, más que un paliativo una solución”. Las autoridades de la cartera agropecuaria trabajan en el diseño de este esquema, que aseguran que conformará a la demanda de las cuatro entidades.

Con respecto a los productores más pequeños, sin posibilidad de acceso al crédito bancario, se seguirá aplicando el mecanismo de subsidios mediante el fondo de emergencia, actualmente de 500 millones de pesos, pero que podría ampliarse. En estos casos, tal como ya ocurrió en el caso de Santa Fe con los productores del Departamento Nueve de Julio, serán los gobiernos provinciales los que definan quiénes serán los beneficiarios, según las reglas de sus respectivos regímenes de emergencia agropecuaria.

En la reunión de ayer, incluso, se dejó de lado el informe preliminar que iba a brindar el INTA sobre la situación climática y el impacto de la sequía en cada localidad de las provincias afectadas. Este informe era visto por la dirigencia agropecuaria como “el argumento de choque” con el que el Gobierno iba a negar el impacto sobre determinados sectores. En lugar de eso, se habría optado (según trascendió) por delegar en las provincias y sus carteras agropecuarias determinar el rango de necesidades.

La apuesta fuerte que realizó la gestión de Yauhar al financiamiento de los productores como respuesta a la emergencia fue una recomendación directa de sus colaboradores –la mayoría proviene del equipo que acompañó a Julián Domínguez en la misma repartición hasta diciembre–. Identificaron en ese factor una necesidad ineludible, y una propuesta en la que iba a haber coincidencia con la dirigencia rural. Entre los que están sentados a un lado (Gobierno) y al otro de la mesa (entidades), hay algunos que se conocen desde hace años, se reconocen hasta por los gestos. Ayer, después de mucho tiempo, entre algunos de ellos aparecieron los primeros gestos de conformidad.