El impacto directo del salario mínimo vital y móvil es reducido. La cartera laboral estima que existen 113 mil asalariados registrados cuyos ingresos se ubican alrededor del mínimo. Por eso, además de la actualización del SMVM, sindicalistas, empresarios y Gobierno acordaron abordar desde el organismo tripartito la informalidad laboral. Un nuevo objetivo del Consejo será definir políticas concretas que permitan enfrentar la problemática estructural que afecta a alrededor del 33 por ciento de todos los trabajadores.

Según precisó a Página/12 el ministro Carlos Tomada, el organismo tripartito abordará una agenda concreta que abarca tareas como el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización de la cartera laboral o la incorporación en la legislación laboral de una figura delictiva para aquellos empleadores que explotan a niños.

La apertura de un espacio de debate sobre el “empleo irregular” que defina políticas concretas para enfrentar la problemática permite darle continuidad y contenido al Consejo, más allá de la definición del SMVM. Durante su intervención, CFK recordó que en el sector agropecuario la precarización laboral más que duplica la media. El listado que comenzó la mandataria contiene también a la construcción, la actividad textil y el comercio. Tomada afirmó que se buscará avanzar sobre formas encubiertas de precarización, como la tercerización y la subcontratación. Entre otros elementos se creará una “unidad especial para detectar elusiones y tercerizaciones fraudulentas a lo largo de las distintas cadenas de valor”, afirmó el funcionario.

La incorporación de la temática fue celebrada por empresarios y trabajadores. “La convocatoria a la comisión de empleo es un avance significativo. Es primordial incorporar a la agenda la situación de la fuerza laboral precarizada, de los trabajadores estatales municipales y provinciales”, afirmó ayer Pedro Wasiejko, secretario adjunto de la CTA. Por su parte, Carlos de la Vega, de la Cámara de Comercio, ofreció la visión empresaria al destacar que “avanzar sobre el trabajo no registrado permitirá eliminar un flagelo social, por la exclusión que genera, y económico, por la competencia desleal que implica sobre todos los empresarios que cumplen con la ley”.

Desde la cartera laboral rechazan taxativamente las afirmaciones que indican a los trabajadores como responsables de la precariedad en la que se desempeñan y, según sostiene Tomada, la presencia del empleo no registrado tiene como cimiento la existencia de empleadores que establecen esas condiciones laborales para maximizar su rentabilidad.