“Una cautelar y un vaso de agua no te lo niega ningún juez”, ironizó ayer Cristina Kirchner para referirse a otro conflicto que mantiene el gobierno nacional con el de Córdoba. Es por la decisión –luego corregida– de la empresa provincial de energía, EPEC, de no cubrir el vencimiento de un título de deuda que tiene a la Anses casi como único suscriptor. La compañía había emitido ese bono en mayo de 2011, por 565 millones de dólares, y el organismo previsional lo compró para permitir que la empresa realizara una inversión. En ese momento se acordó que el Banco Nación retuviera los fondos cordobeses por coparticipación y se los remitiera a la Anses. Sin embargo, la compañía ahora se negaba a seguir con el sistema.

El mecanismo funcionó sin problemas hasta fines del año pasado, cuando EPEC se quejó de la retención automática y pidió una medida cautelar para frenarla. El juez federal suplente de Bell Ville, Lucas Bondone, le concedió el beneficio y liberó los recursos directamente a la provincia. Eso implicaba que EPEC quedaba en default con la Nación, pero la cosa no quedaba ahí: eso arrastraba a la provincia a una situación igual con el resto de sus acreedores. Frente a esa situación, EPEC –por instrucción del gobierno provincial– dio marcha atrás con la interrupción del acuerdo. La Presidenta se quejó por la gravedad de la situación y apuntó al gobernador De la Sota, aunque sin nombrarlo, por el impacto que estaba teniendo su decisión.