Las otras dos leyes claves para el oficialismo fueron la prórroga de la Emergencia Económica y el Impuesto a los Créditos y Débitos (cheque), que se convirtieron en ley por 40 votos afirmativos contra 27 en contra. Por este último tributo, el gobierno nacional espera recaudar 69.990,9 millones, con una suba estimada en 24,5 por ciento con relación a las proyecciones de este año. Todo el arco opositor centró sus críticas en la necesidad de coparticipar el impuesto, ya que actualmente una parte se destina al Tesoro Nacional, otra al financiamiento de la Anses y un 15 por ciento va directo a las provincias. Sonia Escudero y Juan Carlos Romero (PJ disidente Salta) propusieron que parte de los recursos sirvan para crear un fondo que permita extender las jornadas escolares. Por su parte, el pampeano Carlos Verna (que hizo un elogio explícito a Sergio Massa) presentó un dictamen propio recomendando la prórroga, pero con la coparticipación plena del tributo. Juan Manuel Irrázabal (FpV) votó en contra de la prórroga del impuesto al cheque.

La discusión sobre la prórroga del impuesto al cheque esconde una discusión mayor, que es la modificación de las alícuotas de la actual Ley de Coparticipación. Un debate sobre este tema presentaría otro desafío: ¿qué provincia estaría dispuesta a ceder puntos de coparticipación en beneficio de otra? A su vez, el Estado nacional también debería dejar de recaudar recursos que hoy se destinan al Tesoro Nacional. Según las normas vigentes, cualquier cambio en la coparticipación requiere del consenso de todos los gobernadores.

La otra norma clave para el Ejecutivo es la Emergencia Económica. La primera “emergencia” fue sancionada en 2002. La norma contempla una serie de capítulos que van desde el manejo del mercado de cambios, la renegociación de los contratos para las prestadoras de servicios públicos y la posibilidad de regular precios de insumos, bienes y servicios considerados críticos. El radicalismo, que tanto critica la delegación de facultades, se mostró dispuesto a convalidar la “emergencia” sanitaria y laboral, pero no la económica.