Podría decirse que se trata de una medida razonable, en cuanto ataca el uso superfluo de divisas mientras que privilegia otros destinos de mayor interés económico y social, como la importación de insumos y maquinarias. También podría decirse que no resuelve el problema de fondo del desbalance de divisas y que es irrelevante en su aporte a la recaudación fiscal. Lo sorprendente es que ambas afirmaciones, aparentemente expresadas desde veredas enfrentadas, probablemente sean acertadas. El problema consiste en leer el aumento de la percepción del impuesto sobre los gastos en el exterior como una medida aislada, y no como parte de un conjunto de medidas que buscan generar correcciones en el frente externo, algunas de las cuales se han ido aplicando y otras están por llegar.

La administración del mercado cambiario por el Estado fue una decisión política correcta, pero resistida por quienes tenían intereses concretos que defender al reclamar “un mercado libre de divisas”: exportadores, importadores, financistas en operaciones externas y otros traficantes en divisas con acceso a un mercado no tan libre para cualquiera. Muchos que no pertenecían a ese núcleo exclusivo también lo reclamaban, creyendo en la “ilusión” de sentirse más libres si le permitían comprar dólares sin restricciones en una casa de cambio. La experiencia de los ’90 con la convertibilidad y su secuela de desempleo y destrucción del aparato productivo pareciera no haber dejado aprendizaje.

Lo discutible es cómo se fue aplicando y administrando el mercado. Requerir autorización previa para la venta de divisas es razonable. No lo es tanto que el “sistema” de la AFIP les negara esas divisas a quienes cumplían los requisitos e, incluso, a quienes debían viajar por razones de trabajo. Un poco tarde se advirtió que, además del desbalance energético y fugas de activos líquidos por grandes capitalistas, había un desequilibrio en divisas por viajes al exterior y compras de bienes suntuarios, vehículos y electrodomésticos, fundamentalmente.

En los últimos quince días se dispusieron varias medidas que buscan cerrar algunos de esos flancos: una suba en la retribución a medianos productores de gas sobre el aumento del volumen extraído, un aumento de impuestos internos a la venta de vehículos suntuarios y, ayer, la suba de 15 puntos en la percepción sobre gastos con tarjeta en el exterior. El impacto de cada una de ellas no es igual, pero todas tienen un rasgo común: son señales de lo que el Gobierno pretende alentar (mayor producción de gas, en el primer caso) o de-salentar (compras de bienes suntuarios y viajes al exterior, en los otros dos). También, en forma implícita, es una definición clara: será a través de estos ajustes en los mecanismos de administración que se apliquen las correcciones, no a través de una megadevaluación.

Quienes cuestionan las medidas dirán que no resuelve la cuestión de fondo ni genera mayor recaudación, como se señaló al principio (una megadevaluación tampoco lo haría, salvo que provocara una violenta recesión, resolviendo el balance de divisas con el costo de un problema económico y social mucho más grave). El Gobierno bien lo sabe. Su apuesta es a preservar el modelo de crecimiento, aunque la solución externa tarde más en llegar. Y seguramente habrá más medidas para lograrlo.