Un trabajo de la Procuraduría de Criminalidad Economía y Lavado de Activos (Procelac) del año pasado ya había advertido sobre las irregularidades en los créditos para el consumo y la necesidad de extender la regulación estatal sobre los mismos. Refería la existencia de distintas formas de sociedades que atienden este segmento, pero centraba el análisis en “nuevas entidades o marcas constituidas por los bancos para llegar a este nuevo mercado, irrumpiendo en la economía de los sectores populares tanto mediante préstamos en efectivo como tarjetas de crédito de fácil adquisición”.

Una de las condiciones descriptas acerca del funcionamiento de este sistema es que “los contratos celebrados al momento de contraer un crédito poseen como condición la firma de un pagaré que, en caso de incumplimiento en los pagos, se ejecuta de manera expedita a través de un juicio ejecutivo. La utilización de este instrumento comercial responde a una estrategia que pretende limitar el derecho a una defensa adecuada por parte del deudor y eliminar el control del mismo al momento de liquidarse la deuda”.

El estudio advertía que “la expansión de las finanzas hacia los sectores populares no siempre implica un proceso integrador, puesto que en aquellos casos en los que tal expansión no está acompañada por políticas de regulación y supervisión, tiende a generar fuertes vulnerabilidades, medidas por ejemplo en la violencia económica que impacta en las personas que han tomado este tipo de préstamos”.