ECONOMíA • SUBNOTA › PRESENTAN AVISOS DE PAGO
› Por Tomás Lukin
Las especulaciones sobre posibles desenlaces en la disputa con los fondos buitre abundan y entre los funcionarios del equipo económico predominan pronósticos pesimistas. “Ya no sabemos qué esperar de un juez que demostró que todo es posible, incluso poner en riesgo la legitimidad de la jurisprudencia de Estados Unidos en materia de solución de defaults soberanos”, indicaron en el Ministerio de Economía a Página/12 en referencia a la audiencia que se realizará hoy en el tribunal del magistrado Thomas Griesa.
El Palacio de Hacienda envió ayer a la Bolsa de Comercio los avisos de pago de los vencimientos de intereses hasta fin de año. La inusual anticipación en el cumplimiento de ese requerimiento formal disparó versiones sobre una posible decisión de depositarle al Bank of New York Mellon (BoNY) todos esos fondos. Así, si el juez suspendiera hoy sus medidas en forma transitoria y habilitase el pago de los fondos en poder del BoNY y el país deposita, la posibilidad de negociación con los buitre se extendería hasta fin de año sin violar la cláusula RUFO. Sin embargo, desde el equipo económico indicaron anoche que los envíos a la Bolsa fueron “procedimientos de rutina” y descartaron un pago anticipado.
Abogados consultados por este diario explicaron que adelantar los pagos es imposible sin obtener el visto bueno de una amplia mayoría de acreedores, ya que implica modificar las condiciones de los títulos. Argentina podría depositar los fondos en el BoNY antes de la fecha de pago –el contrato establece que las transferencias deben hacerse no más tarde que las 13 horas del día previo al vencimiento–, pero la entidad no puede canalizar los dólares y euros cuando quiera. El BoNY y las cajas compensadoras deben hacer esas transferencias de acuerdo con la radiografía de tenedores al día de procesar los pagos. Por eso, a priori, un depósito anticipado no modificaría el escenario actual aunque sumaría presiones sobre el agente fiduciario de la deuda.
La única certeza es que si las entidades intermediarias en el pago de la deuda no canalizan antes del 30 de julio los 539 millones de dólares depositados por Argentina, los acreedores estarían legalmente habilitados a reclamar que el país les abone en forma adelantada ya no esos fondos sino la totalidad de lo adeudado. En ese momento, de acuerdo con el contrato de los bonos, la deuda sería considerada en default. Se trata de una situación inédita, ya que si bien el país cumplió con sus obligaciones, los intermediarios no hicieron su parte por un impedimento legal.
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