Los cambios que propone el Gobierno en la Ley de Abastecimiento motivaron quejas de buena parte del sector empresarial. Ayer salieron a criticar la iniciativa dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Sociedad Rural (SRA), Asociación Empresaria Argentina (AEA), Copal y de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). A ese coro se sumó el senador radical Ernesto Sanz.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, defendió la propuesta. “Uno de los grandes problemas de la economía argentina es la concentración económica en la formación de precios. La cadena de valor adolece de capacidad regulatoria del Estado para generar un equilibro entre la compensación de precios al productor y la garantía que el consumidor debe tener con respecto a la provisión de insumos y bienes finales”, dijo. La entidad Apyme se reunió con Costa y respaldó ayer el proyecto.

“El proyecto es un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional. Afecta el derecho de propiedad y a ejercer toda industria lícita, generando un fuerte disuasivo a la actividad empresaria, las inversiones productivas y el empleo”, señaló AEA. Por su parte, la SRA rechaza el proyecto, porque “se trata de una medida inconstitucional que lleva a la intervención total de la economía”. En la misma línea, el secretario de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, dijo que “el Gobierno se atribuye una facultad que no le otorga ni siquiera la Constitución”.

Capitanich respondió que “no puede ser inconstitucional un proyecto de ley que involucra hacer cumplir el artículo 42 de la Constitución”.

En tanto, la CAC advierte que el proyecto de ley, “en vez de mejorar las condiciones de negocios y la seguridad jurídica para fomentar la inversión en la economía, consolida el intervencionismo del Estado en el mercado”. Daniel Funes de Rioja, de la Copal, espera “conseguir consenso para lograr la modificación del proyecto”. También se anotó en el libro de quejas Ernesto Sanz, quien acusó al Gobierno de “querer tener una economía totalmente controlada por el Estado”.