Mientras el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el vicepresidente segundo de la UIA, José Urtubey, manifestaron su respaldo a una investigación judicial sobre la empresa Donnelley, tal como solicitó el gobierno nacional, varios dirigentes de la oposición coincidieron entre sí en calificar esa pretensión sobre la firma que decretó su propia quiebra como “un apriete”, y lo consideraron como “el peor camino” para resolver el conflicto del desempleo. El Frente de Izquierda, en cambio, presentó un proyecto de expropiación de la planta, para que el Estado y los trabajadores la pongan en marcha.

“Es muy extraña la manera en que se ha dado la quiebra de la empresa; yo estoy de acuerdo con que se busque la verdad de los motivos que llevaron a la imprenta, que tenía una gran demanda y actividad, a tomar esa decisión”, sostuvo ayer Scioli en una entrevista radial. “Lo importante es que se puedan mantener las fuentes de trabajo”, subrayó, pero señaló que es necesario investigar las razones que llevaron a la multinacional a tomar la decisión de cerrar, “de la noche a la mañana, de forma abrupta, sin haber otras instancias previas”.

Sergio Massa, autoproclamado candidato presidencial por el Frente Renovador, señaló en cambio que le “preocupa mucho la idea de la aplicación de la ley antiterrorista o la idea de la modificación de la Ley de Abastecimiento en la búsqueda de resolver los problemas de empleo, cuando en realidad los resolvemos hoy facilitando el camino a la inversión y facilitando el trabajo a las empresas”. Sugirió ampliar “al máximo” los subsidios del Estado a través de los Programas de Recuperación Productiva (Repro), y bajar la presión impositiva, al considerar que “la inflación, el peso de los impuestos, la inseguridad, la droga” son los “verdaderos buitres”, y no los grupos financieros que litigan contra Argentina y son denunciados por el Gobierno.

En la misma línea, de rechazo a las acciones propuestas para investigar el supuesto fraude y abriendo un paraguas de protección para las empresas, Francisco de Narváez, Mauricio Macri y Julio Cobos cada uno desde su respectivo espacio. “El Gobierno eligió el peor camino, que es meter miedo a quienes opinen distinto o actúen en forma diferente de lo que ellos quieren”, interpretó De Narváez. Macri, desde Río Cuarto, dijo que “la aplicación de la ley antiterrorista no es el camino para conservar el empleo y generar más puestos de trabajo: todo lo contrario”. El ex vicepresidente Cobos, en tanto, observó que la aplicación de la ley en estas circunstancias “genera incertidumbre” y “lo único que hace es desalentar” las inversiones en medio de un clima económico “complicado”.

El Frente de Izquierda, en cambio, a través del diputado Nicolás del Caño, anunció la presentación de una iniciativa legislativa para declarar “de utilidad pública y sujeta a expropiación las instalaciones de Donnelley, (para crear) una nueva empresa estatal, quedando la gestión de la misma a cargo de sus propios trabajadores”.

Finalmente, José Urtubey, uno de los vicetitulares de la UIA, consideró que “es razonable” que se investigue el cierre de la imprenta Donnelley, porque “la situación de ese sector en Argentina no amerita una quiebra de esta naturaleza, dejando a 400 personas en la calle”.