“La Ley de Abastecimiento está vigente desde 1974. Es difícil pensar que haya una inspiración en la legislación venezolana de algo que está presente desde los últimos 40 años, a menos que hayamos sido chavistas desde ese momento y recién nos enteramos ahora”, respondió el secretario de Comercio, Augusto Costa, a las críticas al proyecto oficial para reformar la Ley de Abastecimiento. El funcionario detalló qué cambios propone el Gobierno con respecto a la legislación vigente y vinculó la crítica empresaria a los grupos económicos con posición dominante en el mercado. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, también sumaron argumentos en favor de la ley.

El Gobierno envió al Congreso un paquete de proyectos de ley para controlar abusos de las empresas tanto en la calidad de los bienes y servicios ofrecidos como en los precios de venta. La iniciativa más novedosa es la creación de un fuero especial en la Justicia con un sesgo pro-consumidor con una instancia previa de mediación obligatoria. Se invertirá la carga de la prueba, porque la empresa que produjo un daño probado deberá primero resarcir y luego reclamar en instancias judiciales superiores. Lo mismo ocurrirá con el pago de las sanciones a las regulaciones estatales amparadas en la ley de lealtad comercial y defensa del consumidor, como el caso del programa Precios Cuidados. Además, el Gobierno propone crear un observatorio de precios.

“De las novedades no se habla, porque se está tratando de desviar la atención sobre algunas reformas a la legislación vigente”, alertó Costa. Es que uno de los proyectos es la modificación de la Ley de Abastecimiento. A pesar de no representar la noticia más saliente en términos de nuevas atribuciones para el Estado, la iniciativa aglutinó un parejo rechazo por parte del arco empresarial más concentrado.

“Se está simplificando mucho la discusión y se está perdiendo el eje. Todos los cañones opositores apuntan a un proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento, que es una legislación que está vigente desde el año 1974 y que hoy está plenamente disponible para que el Gobierno lleve adelante su política económica. Las facultades estatales que prevé el proyecto de reforma que estamos planteando ya existen en la legislación vigente, no las estamos incorporando ahora. No son competencias nuevas para el secretario de Comercio ni está inspirado en Venezuela, porque en buena medida el contenido es textual de la normativa vigente”, dijo Costa, y chicaneó a los empresarios: “Los que dicen que esto atenta contra la iniciativa privada o que es la estatización del mercado, tardaron 40 años en darse cuenta, porque la ley está vigente desde ese momento”.

Costa explicó que “estamos eliminando de la ley vigente las objeciones que tiene, como la posibilidad de que quede arrestado algún empresario que incumplió una disposición y que se intervenga una empresa”. “Hay que aclarar que es una ley que se utiliza de manera muy ocasional, ante marcadas situaciones de abuso a gran parte de la población por parte de empresas. Se usó contadas veces y nunca recibió un fallo en contra en términos de inconstitucionalidad. Se aplica en caso de que haya una clara actitud de desabastecer algún bien sensible, por ejemplo, y así el Estado pueda disponer la continuidad de la producción”, agregó.

Costa advirtió que “las grandes corporaciones y los grandes monopolios son los que critican de forma unánime, pero entre consumidores y empresarios más débiles el apoyo es total”. Comentó que la capacidad para fijar precios máximos, como prevé la Ley de Abastecimiento, “también está presente en las legislaciones mexicana, española y alemana, y nadie dice que son chavistas ni que avanzan sobre la iniciativa privada”.

Por su parte, Capitanich reafirmó que “la reforma deroga los artículos cuestionados políticamente que dan argumentos para la inconstitucionalidad respecto de su aplicación, como la expropiación, intervención de empresas y acciones de arresto”. De Vido, en tanto, agregó que “si nadie tiene intención de desabastecer el mercado, no veo el porqué de la preocupación por una ley que ya está vieja, obsoleta en algunos puntos, salvo que algún empresario pretenda no ser sancionado o multado porque tiene pensado infringir la ley que nos protege a todos como consumidores”.