El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó ayer que el juez Thomas Griesa “es un ariete para fulminar el proceso de reestructuración de la deuda” pública argentina, al tiempo que explicó que el proyecto de ley de pago soberano presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “protegerá” a los bonistas que ingresaron al canje.

“El juez debería ser neutral y generar las condiciones de negociación por medio de un stay y así podría avanzar el proceso para abarcar al ciento por ciento de los bonistas”, dijo el funcionario en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. En ese marco, el jefe de ministros analizó que “por lo tanto, cuando hablan de desacato, incumplimiento, no advierten que la Argentina es un país soberano y tiene inmunidad soberana”. También explicó que con el proyecto de ley de pago soberano de la deuda pública, la Argentina va a “proteger al 92,4 por ciento de los bonistas que ingresó a los canjes” de 2005 y 2010.

Asimismo, Capitanich consideró que “es inequitativo que un grupo minúsculo de uno por ciento, con anuencia de un juez, con interpretación errónea, equivocada e irracional, provoque un obstáculo para el cumplimiento de este compromiso”. Remarcó que con el proyecto, “lo que Argentina hace es lisa y llanamente ratificar su condición de país soberano y establecer mecanismos para garantizar el pago” de la deuda reestructurada. Capitanich insistió además en “la responsabilidad de Estados Unidos por la actuación de unos de sus poderes, que ha impedido garantizar la seguridad jurídica”, en el caso de los holdouts.

El proyecto enviado al Congreso “establece un sistema de depósito para la totalidad de los bonistas que reestructuraron su deuda”, contempla “un cambio de agente fiduciario” y propone “mecanismos para que los depósitos lleguen a los acreedores”, recordó. Anoche, al presentar el proyecto de ley en cadena nacional, Cristina explicó que se utilizará al Banco Nación como agente fiduciario, mientras que ofrecerá a los tenedores de deuda la opción de canjear sus bonos por similares bajo legislación local. También se conformará una cuenta fiduciaria del Nación consignada en el Banco Central para depositar los pagos a los fondos buitre, quienes podrán acceder a ese dinero si aceptan cambiar los títulos del default por los de la reestructuración de la deuda.