La sojización del país, impulsada por productores y empresas agropecuarias, y no regulada por los estados provinciales ni el nacional, salvo cuando este último intentó aplicar la resolución 125 para desincentivar su siembra a favor de otros cultivos, resultó funcional a la posición dominante de Monsanto, que se extiende a todas partes del mundo. Esta empresa posee a nivel mundial más de 1600 patentes en biotecnología y suministra semillas en más de 150 millones de hectáreas en todo el planeta. En Estados Unidos, el 93 por ciento de la soja transgénica pertenece a esta multinacional, que tiene su sede central en el estado de Delaware, el paraíso fiscal estadounidense.

La mayoría de los “competidores” dentro del mercado mundial son licenciatarios de la tecnología de Monsanto. En el mercado local tiene presencia en casi el ciento por ciento del suministro de semillas destinadas al cultivo de soja modificada genéticamente, que actualmente alcanza al 50 por ciento de la producción total de granos del país. A medida que Monsanto extendió su hegemonía en la agricultura mundial, también buscó imponer sus propias reglas de juego. No sólo creó una soja que rinde mejor asociada a un glifosato de su marca, cuestionado en el mundo y la Argentina por sus efectos en la salud humana, sino que ha intentado imponer reglas comerciales abusivas, bajo el concepto de regalías extendidas.

En 2006, la empresa inició un litigio en Europa para intentar cobrar regalías por la producción de harina de soja de la Argentina, cuya patente sólo se había concretado en Europa y no en la Argentina. Monsanto quería cobrar entre 15 y 18 dólares la tonelada de regalías por la harina producida en el país, a pesar de no contar con una patente para ello. La multinacional logró frenar en Europa cuatro contenedores con la harina de soja cuestionada, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) resolvió que la compañía no podía prohibir la comercialización de ese producto en aquel continente. “Una patente europea es sólo efectiva cuando el producto protegido es utilizado con la misma función con la que está registrado. Esta función ya no puede ejercerse cuando la secuencia de ADN se encuentra en estado residual en la harina de soja, que es una materia inerte obtenida tras varias operaciones de transformación”, sostenía el fallo del tribunal de la UE.

La denuncia que realizarán esta semana la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem), la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica, y probablemente se sume la Federación Agraria, también cuestiona la legitimidad de la compañía para imponer sus propias reglas de juego. Pero, sobre todo, su objetivo político es llamar la atención de los reguladores argentinos para que en la nueva ley de semillas, en proceso de elaboración, no queden resquicios que avalen una posición dominante de Monsanto y se defiendan los derechos de los agricultores y las empresas locales multiplicadoras de semillas, para evitar que la renta del sector quede en manos de unas pocas multinacionales.