Mañana se cumple el plazo de gracia para que los tenedores de bonos reestructurados reciban los pagos de intereses correspondientes al vencimiento de los títulos Par del 30 de septiembre. Desde el equipo económico confirmaron a Página/12 que Nación Fideicomisos, el nuevo agente de pago de la deuda, está trabajando con distintos fondos de inversión que participaron del canje. Busca definir el mecanismo que permita transferirles sus acreencias. Sin embargo, a partir de pasado mañana existe la posibilidad –agitada desde el sector financiero– de que un grupo de bonistas consideren que los pasivos están en una situación en default y reclamen la “aceleración” de todo el capital adeudado. En esa situación hipotética, si se reúne la voluntad del 25 por ciento de los bonistas para un tipo particular de títulos Par, en lugar de esperar al vencimiento de esos papeles en 2038, sus propietarios estarían habilitados a reclamar en forma adelantada todos los vencimientos.

No se trata de un proceso automático e irreversible. Tampoco son claros los incentivos para avanzar por esa vía. El camino desembocaría en otra compleja discusión legal que, como mínimo, afectaría el valor de los bonos sin asegurar que sus propietarios cobren algo. El único efecto garantizado es la profundización de las tensiones financieras y políticas asociadas a la disputa con los buitres. Por eso, en el Palacio de Hacienda no descartan que los mismos fondos carroñeros favorecidos con la sentencia del juez Thomas Griesa intenten inducir ese escenario.

El artículo 4.1 del contrato de fideicomiso –el texto que rige el funcionamiento de los bonos– establece que existe un “evento de default” si Argentina incumple un pago de los bonos y no corrige la omisión dentro de los 30 días. En segundo lugar, el ítem 3.5 dispone que el país complete el pago cuando transfiere los fondos necesarios a la cuenta del fiduciario el día previo a la fecha prevista para el vencimiento.

A fines de junio, el Ministerio de Economía depositó 539 millones de dólares correspondientes a los vencimientos de los títulos Descuento en las cuentas del Bank of New York Mellon en el Banco Central. Con esa operación el país cumplió con sus obligaciones. Como enfatizan en el equipo de Axel Kicillof: “Argentina no está en default, sino que fueron las cuestionadas decisiones de Griesa las que bloquearon el cobro”. De hecho, ningún bonista intentó/logró reunir al 25 por ciento de los propietarios de esos papeles para cobrar anticipadamente todo lo adeudado por una serie.

Desde que se desplazó al BoNY como agente fiduciario y se depositó el último vencimiento en Nación Fideicomisos, la contundencia de ese argumento legal se debilitó. El nuevo responsable de pagar la deuda elegido para eludir el corset del tribunal e intentar canalizar los vencimientos no cumple, por esas mismas razones, con las condiciones establecidas en el contrato original.

Nación Fideicomisos mantiene intensas conversaciones con diferentes tenedores de los bonos reestructurados interesados en cobrar cuanto antes. De todas formas, a partir del 1º de noviembre, un 25 por ciento de los dueños de una serie de bonos Par –buitres o quien tenga en su poder cualquier tipo de papeles emitidos en la reestructuración– podría reclamar la aceleración por la existencia de un incumplimiento: Argentina no depositó en el fiduciario original. La misma atribución estaría disponible para el resto de los bonistas que consigan reunir el 25 por ciento de las voluntades de la serie de títulos que hayan comprado. El primer paso que tomarían es enviar una nota al Palacio de Hacienda reclamando el cobro anticipado.

En ese hipotético escenario, Argentina tiene, por lo menos, tres respuestas. La primera posibilidad consiste en depositar todo y cancelar definitivamente ese pasivo. Eso es improbable, no sólo por su magnitud potencial, sino por las decisiones tomadas hasta ahora por el Gobierno.

Un segundo escenario es rechazar legalmente, como sucedió, la existencia de un default. En ese caso la pelota vuelve a los tenedores. Deberían pedirle al BoNY que haga juicio de aceleración en su nombre. Para eso, los bonistas y el mismo banco que mantiene congelados sus pagos de junio tendrían que ponerse de acuerdo (si esa vía no prospera, los acreedores estarían habilitados a iniciar las demandas por su cuenta). Otra posibilidad es que el 50 por ciento de los tenedores de la serie que se pretende acelerar rechacen el pedido y desactiven la operación.

El escenario de aceleración, por supuesto, no es el deseado por el equipo económico. Pero aseguran que no existen incentivos materiales para que una parte del 92,4 por ciento de los acreedores que participaron del canje acelere la deuda y, por el contrario, las implicancias podrían afectar su posibilidad de cobrar. Sin embargo, como ya demostró el sistema judicial de Estados Unidos y el accionar carroñero, ninguna posibilidad puede ser descartada.